El personal del servicio de ayuda a domicilio de Isla Cristina cobra las nóminas atrasadas

El personal del servicio de ayuda a domicilio de Isla Cristina, conformado por unas 80 personas, que secundó a principios del pasado mes de diciembre, junto a representantes sindicales de CCOO, una concentración convocada por esta organización frente al Parlamento de Andalucía en Sevilla para exigir al Gobierno andaluz que cumpliera con los plazos estipulados en los pagos de este servicio, “tras continuos retrasos y no cobrar desde abril”, ya se ha puesto al día con las nóminas.

En declaraciones a Europa Press la responsable de Privadas del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, Carmen Marchena, ha señalado que “en este mismo mes han cobrado todas las nóminas atrasadas”.

En este sentido, Marchena ha destacado “la política de la Junta” en este aspecto porque “la dependencia es fundamental, pero que lo haga con presupuesto porque al final siempre salen perdiendo los trabajadores”, remarca la sindicalista.

Desde la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, han precisado a Europa Press que, tras los últimos pagos realizados en las últimas semanas, la Junta “ya ha abonado al Ayuntamiento de Isla Cristina un total de 884.135,48 euros con vistas a la financiación del servicio de ayuda a domicilio durante 2015”.

De esta forma, argumentan, se da cumplimiento al compromiso de la Junta de “reducir los retrasos en los pagos y estar al día con las entidades locales para la prestación de este servicio”, quedando únicamente por abonar los últimos tres meses del año, no obstante, según la política de pagos, “están al día porque la liquidación es a 90 días”.

Cabe recordar que el pasado mes de diciembre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía abonó más de 182 millones de euros para la financiación del servicio de ayuda a domicilio y la atención residencial en materia de dependencia, de los que más de 146 son para corporaciones locales, entre ellas el Ayuntamiento de Isla Cristina.

Además de estos importes, el departamento que dirige María José Sánchez Rubio ha destinado sólo en el último trimestre más de 405 millones de euros a personas usuarias, entidades del tercer sector y corporaciones locales. Según destacó la Junta, con la liquidación de estas facturas se han beneficiado más de 179.000 personas y 1.280 entidades sociales.

PACTO DE ESTADO

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó recientemente proponer al Gobierno de España un Pacto de Estado en defensa del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. La propuesta, que recoge ocho ejes para promover y desarrollar medidas de consenso en esta materia, también se dirige a las diferentes fuerzas políticas, colectivos y agentes sociales, organizaciones sindicales y empresariales, colegios profesionales y otras entidades representativas.

Los ocho ejes se centran en replantear el modelo de financiación del sistema a través de su debate en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF); el impulso de servicios de calidad profesionalizados y la reactivación del sector sin detrimento del derecho de las personas a mantenerse en su propio entorno familiar; asegurar la responsabilidad pública en el sistema mediante la gestión directa de todo el proceso de valoración, prescripción e inspección y en realizar un nuevo baremo de valoración más preciso e idóneo.

A su vez, persigue simplificar y agilizar los procedimientos en sus distintas fases, de manera que el plazo total no supere los seis meses; mejorar los mecanismos de participación y la coordinación de los servicios sociales y los sanitarios, y asegurar que cualquier reforma sustancial del sistema se lleve a cabo con todas las garantías democráticas y no mediante fórmulas excepcionales que eviten su debate en el Congreso de los Diputados.

Mientras se materializa este Pacto de Estado y se ponen en marcha sus contenidos, la Junta de Andalucía ha planteado al Gobierno adoptar medidas urgentes para evitar el deterioro del sistema. Entre ellas, que la Administración central vuelva a financiar el 50 por ciento del coste total, tal y como marca la ley estatal en vigor, frente a la actual aportación que se ha reducido al 22 por ciento.

Asimismo, se propone reponer la inclusión en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares y no profesionales –mujeres en un 94 por ciento–, que fue suprimida por Real Decreto en el año 2012.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *