Cartaya tendrá que pagar 12,2 millones a Giahsa por su salida de la MAS

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de 2 de Huelva ha fallado en contra del Ayuntamiento de Cartaya en su solicitud de suspender cautelarmente la liquidación de una deuda de 12,25 millones de euros emitida por la Mancomunidad de Servicios (MAS) como resultado de la separación unilateral del servicio mancomunado, obligando al Consistorio al pago de la citada deuda, según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press.

De esta forma, MAS y su empresa pública Giahsa quedan facultadas para iniciar de inmediato el procedimiento cobratorio de esta cantidad, la mayor indemnización hasta ahora en los conflictos generados por los procesos de privatización del agua llevados a cabo en distintos ayuntamientos de la provincia de Huelva.

En el auto, el tribunal, sobre la base ya establecida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en un auto similar sobre la liquidación de la antigua Mancomunidad de Aguas del Condado, considera que no se dan los requisitos para admitir el recurso del Ayuntamiento de Cartaya contra la indemnización, puesto que “la suspensión interesada comportaría un perjuicio potencial para el resto de municipios que integran la Mancomunidad y y para sus ciudadanos, dado que el objeto de aquella es la prestación de un servicio público de ámbito supramunicipal (gestión del ciclo integral del agua)”.

El pronunciamiento judicial contempla la posibilidad de plantear recurso de apelación “en un solo efecto”, lo que supone que este recurso no paraliza el procedimiento que la Mancomunidad de Servicios lleva a cabo para hacer efectivo el cobro de la cantidad liquidada, que asciende a 12.246.798,88 euros.

MÁS DE 30 MILLONES DE EUROS

Este proceso se une a los que MAS sigue contra aquellos ayuntamientos que decidieron de forma unilateral abandonar el servicio público de Giahsa y privatizarlo, como son los casos de Valverde del Camino, San Juan del Puerto, Cortegana y Gibraleón que, junto a Cartaya, acumulan unas liquidaciones que suman más de 30 millones de euros.

Junto al daño para los 65 ayuntamientos que han continuado unidos en la Mancomunidad de Servicios y para los ciudadanos de esos municipios, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo basa su decisión de denegar la suspensión en el hecho de que “no se acredita ni siquiera de forma indiciaria el efectivo riesgo irreversible que para las arcas municipales pudiera tener la ejecución del acto impugnado”.

Considera así el tribunal que el Ayuntamiento no demuestra que pueda verse dañado por el pago de esta indemnización, ni siquiera mediante el informe de la Tesorería Municipal, que describe como “un escueto documento que vaga y genéricamente, si datos y operaciones contables, alude al problema financiero de la entidad apelante”. A la luz de esos factores, concluyen el auto judicial, no se dan “los requisitos necesarios para la adopción de la medida cautelar”, por lo que “procede la desestimación de la misma”.

El Ayuntamiento de Cartaya, gobernado por un tripartido de Independientes por Cartaya (ICAR), PP y PA, acordó su separación de MAS el 22 de agosto de 2012, aduciendo incumplimiento de los compromisos económicos por parte de Giahsa. En febrero de 2013 ocupa entregó el servicio de aguas a Aqualia y la recogida de RSU al grupo portugués Recolte y en noviembre de 2013 ambas contrataciones por vía de emergencia se convertían en licitaciones por 25 años.

REACCIONES

IZQUIERDA UNIDA

Izquierda Unida ha solicitado al alcalde de Cartaya, Juan Polo, la convocatoria de un pleno extraordinario urgente para que dé explicaciones sobre la sentencia que condena al Ayuntamiento al pago de 12,25 millones de euros por el abandono de la Mancomunidad de Servicios (MAS). IU considera que “esa sentencia y el pago a corto plazo al que obliga sitúa al Ayuntamiento en una situación crítica desde el punto de vista económico, cuyos únicos responsables son ICAR, PP y PA; es decir, los partidos que en el anterior mandato decidieron privatizar los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, y de recogida de basuras, así como abandonar de forma unilateral MAS”.

En el escrito que IU ha remitido al alcalde solicitando la convocatoria urgente de un pleno extraordinario también se propone que en el pleno ordinario del próximo día 29 se incluya un punto del orden del día dedicado a este asunto con el fin de mantener a la Corporación y a la población informadas de forma exhaustiva de todas las novedades que se puedan producir relacionadas con este grave problema.

La formación de izquierdas asegura que “la sentencia sobre el abandono unilateral de MAS confirma las sospechas expresadas por IU en el pleno del Ayuntamiento de que la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, y de recogida de basuras, iba a tener un altísimo coste económico para la población de Cartaya, que en nada se vería compensado por el dinero que las empresas concesionarias han entregado al Ayuntamiento por los contratos para la prestación de ambos servicios”. Así, recuerdan que “cuando en su día IU preguntó al alcalde por el coste económico que tendrían a largo plazo las privatizaciones, Polo no quiso dar información al respecto y su respuesta consistió en exabruptos contra quienes defendimos la gestión pública y transparente del agua y la recogida de basuras.

De confirmarse finalmente la sentencia que obliga al pago de 12,25 millones de euros, supondría la ruina del Ayuntamiento y una hipoteca para el pueblo de Cartaya que podría durar varias decenas de años. La situación es tan grave que exige al alcalde y a su equipo de Gobierno la máxima transparencia e información a la población y a sus representantes en el Ayuntamiento, de ahí la necesidad de que rindan cuentas de inmediato ante el Pleno de la Corporación”, finalizan.

2 Responses to Cartaya tendrá que pagar 12,2 millones a Giahsa por su salida de la MAS

  1. Y los trabajadores en la calle……

  2. Pues esto demuestra que nuestros representantes municipales no piensas más allá de sus intereses y del fin de su mandato. No se esperaban que la justicias tardara solo dos años en responder……

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