El gobierno municipal de Cartaya desmiente que el juez se haya posicionado a favor de Giahsa

Desde el Consistorio se remarca que no ha habido una sentencia sobre el fondo del asunto

Imagen de archivo del pleno del Ayuntamiento de Cartaya.

Imagen de archivo del pleno del Ayuntamiento de Cartaya.

El Ayuntamiento de Cartaya ha salido al paso de la información que ha trascendido sobre el auto judicial del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Huelva, sobre el contencioso que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, MAS, mantiene contra el Consistorio por su salida de la mancomunidad.

Aclara en primer término que “en el marco de este contencioso, lo que ha dictado el juez es un auto que resuelve sobre la medida cautelar solicitada por el Consistorio y consistente en la suspensión cautelar de la resolución de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, por la que se aprueba la separación de dicho municipio y la liquidación de deudas pendientes”. Según aclaran los servicios jurídicos, “ello no supone en ningún momento, que el juzgado le de la razón a Giahsa ni en el contencioso, ni en el fondo del asunto, y quedan intactas las pretensiones municipales ante la justicia en este procedimiento, que se resolverá en su día con una sentencia”.

Es, detallan, simplemente un pronunciamiento sobre una medida cautelar solicitada, y el propio auto lo enmarca “en un marco de provisionalidad, dentro del ámbito de medidas cautelares, y sin prejuzgar lo que en su día declare la sentencia definitiva”.

Los servicios jurídicos explican que “en el marco del proceso es un trámite, una garantía procesal para salvaguardar un posible daño a terceros, que no  entra ni siquiera a valorar en ningún momento el fondo del asunto, ni la cuantía de la indemnización solicitada por la MAS”.

Así las cosas, el Ayuntamiento no está conforme con el auto y ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que lo recurran ante el TSJA, puesto que “es recurrible, y susceptible de recurso, como el propio auto indica”.

Desde el Consistorio se recuerda, además, que este contencioso en cuestión no es el único que el Ayuntamiento y la MAS mantienen en la actualidad. Además del que mantiene Giahsa contra el Ayuntamiento por la liquidación de la salida de la Mancomunidad, está el que inició el Consistorio con anterioridad contra la MAS, por el incumplimiento del convenio suscrito entre la Mancomunidad, Giahsa y el Ayuntamiento por el impago del canon anual previsto en el mismo.

En ese otro procedimiento, que ha sido recurrido por la MAS y que se sigue ante el TSJA, el Ayuntamiento también ha planteado la petición de resarcimiento de daños y perjuicios, y aunque está en otro momento procesal más retrasado, viene a dilucidar la misma cuestión, y, aclaran los servicios jurídicos, llegados al mismo trámite, muy probablemente derive en la petición de garantías procesales, que en ese otro proceso tendría que abonar Giahsa, sin que eso implicase tampoco posicionamiento a favor de una parte o de otra.

IZQUIERDA UNIDA PIDE QUE SE CONVOQUE UN PLENO

Izquierda Unida ha solicitado al alcalde de Cartaya, Juan Polo, la convocatoria de un pleno extraordinario urgente para que dé explicaciones sobre la sentencia que condena al Ayuntamiento al pago de 12,25 millones de euros por el abandono de la Mancomunidad de Servicios (MAS). IU considera que “esa sentencia y el pago a corto plazo al que obliga sitúa al Ayuntamiento en una situación crítica desde el punto de vista económico, cuyos únicos responsables son ICAR, PP y PA; es decir, los partidos que en el anterior mandato decidieron privatizar los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, y de recogida de basuras, así como abandonar de forma unilateral MAS”.

En el escrito que IU ha remitido al alcalde solicitando la convocatoria urgente de un pleno extraordinario también se propone que en el pleno ordinario del próximo día 29 se incluya un punto del orden del día dedicado a este asunto con el fin de mantener a la Corporación y a la población informadas de forma exhaustiva de todas las novedades que se puedan producir relacionadas con este grave problema.

La formación de izquierdas asegura que “la sentencia sobre el abandono unilateral de MAS confirma las sospechas expresadas por IU en el pleno del Ayuntamiento de que la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento de aguas, y de recogida de basuras, iba a tener un altísimo coste económico para la población de Cartaya, que en nada se vería compensado por el dinero que las empresas concesionarias han entregado al Ayuntamiento por los contratos para la prestación de ambos servicios”. Así, recuerdan que “cuando en su día IU preguntó al alcalde por el coste económico que tendrían a largo plazo las privatizaciones, Polo no quiso dar información al respecto y su respuesta consistió en exabruptos contra quienes defendimos la gestión pública y transparente del agua y la recogida de basuras.

De confirmarse finalmente la sentencia que obliga al pago de 12,25 millones de euros, supondría la ruina del Ayuntamiento y una hipoteca para el pueblo de Cartaya que podría durar varias decenas de años. La situación es tan grave que exige al alcalde y a su equipo de Gobierno la máxima transparencia e información a la población y a sus representantes en el Ayuntamiento, de ahí la necesidad de que rindan cuentas de inmediato ante el Pleno de la Corporación”, finalizan.

 

 

 

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