La Junta lamenta el uso “partidista” del PP del fallo relativo a la fusión hospitalaria

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha reiterado este jueves que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva en ningún caso invalida el proceso de unificación llevado a cabo en los centros hospitalarios de la capital, que se encuentra perfectamente avalado y respaldado desde el punto de vista jurídico por la orden de 21 de noviembre de 2014 de la Consejería de Salud.

Una orden que se aprobó precisamente para dar respuesta al compromiso adquirido por la administración sanitaria previamente con los sindicatos en la mesa sectorial y que se justifica por “la necesidad prioritaria de integración de toda la estructura de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena en aras de una mejora de la oferta asistencial a la ciudadanía y de una mayor eficiencia y racionalidad”, ha informado la citada Delegación en un comunicado de prensa.

Así, la Junta lamenta que el PP “haga un uso partidista y malintencionado de la sentencia dentro de un capítulo más de su campaña de desprestigio contra la sanidad pública andaluza, así como pretenda transmitir a la ciudadanía una imagen catastrófica de los recursos sanitarios que no se corresponde con la realidad”.

En este sentido, aclaran desde la Junta que “el auto judicial se refiere única y exclusivamente a actuaciones administrativas previas a la orden y en ningún momento cuestiona la calidad de los servicios que se ofrecen a la ciudadanía, que es precisamente el fin último de este proceso de convergencia hospitalario”.

La administración sanitaria recuerda al respecto “que dicho proceso persigue la suma de esfuerzos para mejorar la atención que se presta a la ciudadanía a partir de la experiencia de los equipos de profesionales de los dos centros hospitalarios. El objetivo es disponer de una oferta sanitaria mejor y más equitativa para la población en un escenario sanitario público y sostenible, a través del desarrollo de unidades hospitalarias que permitan avances en la calidad asistencial.

De hecho, en este contexto se han puesto en marcha numerosas prestaciones que aumentan la cartera de servicios sanitarios, algunas de las cuales no existían hasta el momento en la provincia, a la vez que se han llevado a cabo inversiones de renovación en las instalaciones que en su conjunto tienen un coste superior a los 10 millones de euros. Por lo tanto, en ningún caso se recortan o cierran servicios, sino todo lo contrario: se complementan los existentes para reforzar su actividad y lograr una mayor especialización.

Asimismo, este proceso también implica importantes ventajas para el desarrollo de las competencias de los trabajadores sin que se produzcan mermas en sus derechos.

Para finaliza, recalcan que la sentencia “no va a tener en la práctica ninguna repercusión en la organización asistencial en relación a los pacientes ni a los profesionales, en tanto en cuanto las modificaciones realizadas en los servicios a los que hace referencia se han producido de forma posterior a la orden o bien todavía no han tenido lugar”.

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