IU pide que las administraciones locales “dejen de comprar a empresas que explotan a sus plantillas”

Jiménez reclama que se favorezca a los adjudicatarios que fomenten la inserción de colectivos con dificultades de integración

Inmaculada Camacho y Pedro Jimenez RP IU 1 febrero 2016Izquierda Unida va a defender en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Huelva una iniciativa con la que reclama que esta entidad local elabore y ponga en vigor decretos para incluir cláusulas sociales y medioambientales en las contrataciones que realice. La misma iniciativa va a ser defendida por los grupos municipales de IU en los ayuntamientos donde tienen presencia, según han anunciado este lunes en rueda de prensa el portavoz de IU en la Diputación, Pedro Jiménez, y la concejala de IU en el Ayuntamiento de Aljaraque, Inmaculada Camacho.

El objetivo de esta medida consiste en garantizar que a la hora de realizar contratos públicos, licitaciones de obras y compras de material y servicios se valore hasta en un 60% de la puntación total de cada proceso público de adjudicación, criterios sociales y medioambientales. De este modo, se podrán garantizar que las empresas adjudicatarias respeten los derechos laborales, la defensa del medio ambiente y promuevan la responsabilidad social solidaria y la igualdad de género en su funcionamiento.

Según expone Pedro Jiménez, “con esta medida queremos que las administraciones no sean imparciales a la hora de contratar, evitando que la mera obtención de beneficios para los adjudicatarios y el componente económico, es decir el precio, sean los únicos criterios que se tengan en cuenta”. “Las adjudicaciones basadas en el menor coste provocan, en muchas ocasiones, que la administraciones destinen fondos públicos a empresas que sólo tratan de obtener beneficios, explotando a sus plantillas, creando precariedad laboral, destruyendo empleo y perjudicando los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, explica el diputado provincial de Izquierda Unida.

Jiménez añade que “también queremos que en estos decretos se tengan en cuenta criterios para evitar adjudicaciones a empresas que hayan incurrido en infracciones medioambientales”. Asimismo, Jiménez insiste en que “reclamamos contrataciones responsables y éticas que sirvan para que la negociación colectiva, los derechos laborales y el compromiso social solidario estén garantizadas en las empresas adjudicatarias”.

Por su parte, la concejala de IU en el Ayuntamiento de Aljaraque, Inmaculada Camacho, añade que “en la actualidad, la mayoría de la población está sometida a condiciones laborales cada vez peores, con menos derechos y menor salario, y ante esta situación queremos hacer que las administraciones locales se comprometan a colaborar en que la redistribución equitativa de la riqueza se lleve a cabo mediante la adjudicación de sus contrataciones”. Camacho señala que el 15% del PIB proviene de las contrataciones públicas y “llevar la justicia social, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental a las adjudicaciones que realizan las administraciones locales redundará en mejores condiciones laborales y sociales para sus plantillas”.

Camacho añade que “también reclamamos que no se prorroguen los contratos públicos que están actualmente en vigor, para poder redactar, una vez éstos expiren, nuevos pliegos de condiciones que incluyan las cláusulas sociales que demandamos”.

Esta iniciativa de Izquierda Unida se basa en el nuevo marco normativo de la contratación pública que se ha visto modificado con la aprobación de una nueva Directiva sobre Contratación Pública (Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo) que incide en la aplicación de criterios de adjudicación, como son los sociales, medioambientales y laborales.

 

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