Río Narcea cierra Aguablanca ante una previsión de 106 millones de pérdidas

La empresa desiste de su proyecto de extracción de mineral en galería por razones eonómicas

Mina de Aguablanca.

Mina de Aguablanca.

Río Narcea ha anunciado este martes al Comité de Empresa las razones económicas que justifican su decisión de desistir del proyecto de extracción de mineral en galería.

En junio de 2015, el proyecto de mina a cielo abierto de Aguablanca finalizó, tal y como estaba planificado desde su origen, según explica la empresa en una nota de prensa.

En el año 2013, Río Narcea Recursos aprobó un estudio sobre la viabilidad de acometer un nuevo proyecto de explotación en subterráneo. La viabilidad del mismo se sustentaba en una proyección de precios del níquel a 8,4 dólares por libra, y del cobre a 3,65 dólares por libra.

“Lamentablemente, la evolución de los precios de los metales ha sufrido un drástico y continuado desplome desde entonces”, se explica desde la empresa.

La inversión prevista para desarrollar dicho proyecto era de 221,1 millones de euros.  Considerando los precios actuales del mercado de los metales, y a pesar de que el nuevo proyecto ofrecería ingresos por valor de 115,1 millones de euros, el resultado total del mismo generaría en dicho periodo pérdidas por 106 millones de euros.

Ante la contundencia de los datos, y una vez estudiadas en profundidad todas las alternativas posibles, Río Narcea se ha visto obligada a tomar la decisión de renunciar al proyecto de extracción en interior.

REACCIONES

IZQUIERDA UNIDA

El responsable provincial de Organización de IU en Huelva, Rafael Sánchez, denuncia que la decisión de la empresa Río Narcea Recursos SA-Lundin Mining “demuestra que a los propietarios de la mina sólo les importan sus beneficios económicos, por encima de los de las personas. Con este cierre van a provocar un grave daño a las poblaciones que tienen a sus vecinos trabajando en esta explotación, dejándolos abandonados a su suerte y agravando el problema del paro que es el principal lastre que sufren los pueblos de la Sierra”.

Sánchez añade que “esta decisión empresarial es una muestra más del capitalismo salvaje que domina los mercados y que permite a corporaciones  como ésta expoliar recursos, recibir incluso el respaldo de las administraciones para poner en marcha su actividad y luego cerrar sin asumir ninguna responsabilidad social”. El dirigente provincial de Izquierda Unida añade que “esta situación nos confirma en nuestra posición de que todas las ayudas públicas deben ir aparejadas obligatoriamente a que las empresas cumplan con el compromiso social de que su actividad revierta en beneficio del entorno donde intervienen, evitando cierres como éste”.

Hoy mismo, a las 19.00 horas, el Ayuntamiento de Cala celebra un pleno en el que se debatirá una declaración institucional contra el cierre y de apoyo a los trabajadores afectados. El alcalde de Cala, Fidel Casilla (IU) precisa que de esta mina dependen los puestos de trabajo de una treintena de vecinos de esta localidad y “la pérdida de estos empleos supone un duro golpe para pueblos como el nuestro y otros de la zona que por su población necesitan de estos trabajos para mantener vivo nuestro tejido económico”. Casilla añade que “queremos que todas las administraciones se unan para evitar este cierre, sin criterios partidistas y para luchar decididamente por el mantenimiento de los empleos”.

Por su parte, Rafael Sánchez añade que “consideramos que los dueños de la mina tienen obligaciones con la población afectada y pueden evitar el cierre que se debe a vaivenes en los mercados de materias primas, en los que las consideraciones sociales no valen nada”. Además, el dirigente provincial de Izquierda Unida llama la atención sobre “el apoyo que han tenido los propietarios de esta explotación minera para poner en marcha su actividad, por parte de las administraciones locales y regionales de Extremadura, que les concedieron subvenciones a la inversión, facilitaron la puesta en marcha de infraestructuras de suministro y accesos, así como facilitaron los trámites administrativos y permisos con los que se impulsó la puesta en marcha de la actividad minera que ahora se cierra de un plumazo, sin tener en cuenta el daño que produce a las poblaciones de la zona”.

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