El PP pide que se investiguen “represalias” a médicos de Urgencias

Servicio de urrgencias del hospital Infanta ElenaEl Partido Popular ha denunciado que la Junta de Andalucía se ha negado a investigar las presuntas represalias a los médicos en el servicio de Urgencias del Juan Ramón Jiménez tras denunciar sus facultativos la precaria situación del servicio.

El grupo popular, como ha explicado el parlamentario andaluz del PP, Guillermo García Longoria, ha defendido en la Comisión de Salud del Parlamento andaluz una pregunta en la que planteaba al consejero de Salud, Aquilino Alonso Miranda, si tenía prevista la apertura de una investigación interna para aclarar la situación. “desgraciadamente la Junta no quiere investigar lo sucedido”, ha apostillado el parlamentario onubense del PP.

Los populares, ha señalado García Longoria, “queremos saber si la consejería está llevando a cabo represalias contra algún facultativo en el servicio de Urgencias del hospital Juan Ramón Jiménez tras la presentación de un escrito, el pasado mes de enero, en el que los médicos denunciaban la precaria situación del servicio”.

El parlamentario popular, Guillermo García Longoria, ha explicado que en ese escrito “se ponía en conocimiento del director médico del hospital la situación de caos asistencial que venía produciéndose en el servicio debido a la puesta en marcha del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias”.

El escrito fue firmado por la práctica totalidad de médicos del servicio, un total de30 médicos, y se reconocía en él que el fin último de la sección de Urgencias es atender a cualquier ciudadano que demande asistencia sanitaria urgente, en el menor tiempo posible y con la mayor eficiencia. Según García Longoria, “dichos facultativos reconocían que, ante las circunstancias impuestas por la Junta, su labor había dejado de tener rentabilidad social dejando de ser eficaz, efectiva y eficiente”.

Hasta tal punto se encontraba la situación, ha recordado el parlamentario del PP, que los propios facultativos “delegaron toda responsabilidad de lo que sucediera en la organización y en la asistencia a los pacientes en los directivos del hospital”.

Tras la presentación de este escrito, ha subrayado el popular, “algunos médicos se han visto presionados en su ámbito laboral e incluso han interpuesto reclamaciones avaladas por la mayoría de facultativos que los apoyan”.

Desde entonces se han producido circunstancias laborales anómalas e irregulares que “los médicos viven como represalias”. Se han dado situaciones, ha aclarado García Longoria, como el no reconocimiento de exenciones de guardia, sanciones de empleo y sueldo incomprensibles, utilización de las calificaciones de rendimiento profesionales o amenazas veladas ante las renovaciones mensuales de los contratos. En este último caso, ha añadido el dirigente del PP, “hay facultativos que acumulan 32 contratos en 7 años”.

Además, se da la circunstancia que “la dirección mantiene extrañamente sin ejecutar” la sentencia que dejaría sin efecto la cobertura del puesto de jefe de sección facultativo de la Unidad de Gestión Clínica de Ciudadanos Críticos y Urgencias del hospital, puesto desde el que se ejecutan las órdenes que según los facultativos lesionan sus derechos.

Igualmente, la encargada de ejecutar estas acciones, la jefa del servicio de urgencias, “es mantenida en su puesto sorprendentemente pese a que desde hace 4 meses existe una un requerimiento de ejecución de sentencia que deja sin cobertura ese puesto”.

Por todo ello, “queríamos que el consejero nos aclarara qué está sucediendo en el servicio de Urgencias del hospital, un servicio que históricamente ha sido un punto negro en el ámbito sanitario en Huelva pero que, con esta polémica, abre un capítulo nuevo capítulo en materia laboral”, ha asegurado García Longoria, para quien “al caos asistencial, a la saturación y a las esperas interminables se une ahora un ambiente laboral insoportable sobre unos profesionales a los que los onubenses debemos mucho, ya que gracias a su esfuerzo alivian la situación del servicio de Urgencias”.

Por último, el parlamentario andaluz ha recalcado que “pese al silencio de la Consejería de Salud, el Defensor del Pueblo andaluza ya ha anunciado que va a actuar en este asunto a requerimiento de los profesionales”.

 

 

 

 

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