El Sindicato Médico también critica el recurso contra la sentencia sobre la fusión

El Sindicato Médico de Huelva ha criticado este miércoles la decisión de la Consejería de Salud de recurrir la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Huelva que dejaba sin efecto el proceso de fusión de los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de Huelva, que ha dado como resultado el Complejo Hospitalario de Huelva.

En un comunicado, el sindicato ha remarcado que dicha sentencia determina los hechos como “muy graves” puesto que “se refieren a las actuaciones que el gerente del hospital Juan Ramón Jiménez viene realizando en los últimos años, trasladando personal, material e instalaciones, entre ambos hospitales, sobre todo desde el hospital Infanta Elena hacia el Juan Ramón Jiménez, sin tener atribuciones, ni base legal para llevarlo a cabo y convirtiendo en norma de actuación, la vía de los hechos”.

Así las cosas, desde el sindicato han lamentado que la administración, “en vez de analizar los hechos y sus consecuencias y abordar la creación de dicho Complejo de forma razonable, haciendo coparticipes a los usuarios, trabajadores, y estudiar la viabilidad y conveniencia de la misma, recurre la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)”, poniendo de manifiesto “la defensa a ultranza de su representante ante la evidencia de los hechos”.

El sindicato Medico de Huelva ha sostenido que la administración “es la que debe ser, la más celosa en el cumplimiento de la ley, y que los  funcionarios públicos deben acatar y cumplir la legalidad, y no actuar al margen de la misma como ha venido a sentenciar el juez en su resolución”.

En definitiva, el Sindicato Medico de Huelva cree que “la mejor actuación” sería la dimisión de dicho gerente o su destitución desde la Consejería de Salud, y retomar de nuevo desde el inicio el proyecto del llamado Complejo Hospitalario Universitario de Huelva.

Finalmente, han hecho una llamada a la población, a los representantes de los diferentes partidos políticos e instituciones afectadas y al mismo SAS para que “depuren las responsabilidades que correspondan, sin perjuicio de las actuaciones posibles posteriores”.

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