Los acusados de estafa a trabajadoras extranjeras niegan los hechos

Los dos hombres acusados de estafar a una ciudadana marroquí con la cantidad de 1.500 euros a cambio de un contrato de trabajo y por alojar en una vivienda de su finca, ubicada en Palos de la Frontera, donde también trabajaron, a otras tres mujeres de esta misma nacionalidad en una casa en condiciones insalubres en febrero de 2013, han negado los hechos y durante la primera sesión del juicio, ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva, ningún testigo ha podido corroborar el citado pago a uno de estos empresarios.

Así, ambos acusados también han negado el pago de la citada cantidad, así como que la finca careciera de agua potable. Al respecto, uno de los empresarios, encargado de las condiciones de la finca, ha precisado que “el agua de la casa no era potable, solo para regar y asearse”, pero que a unos 20 metros de la misma había un grifo que dispensaba agua apta para el consumo humano y “a los trabajadores se les informaba”.

Sin embargo, una de estas mujeres, que ha declarado como testigo en el juicio en el que únicamente acusa la Fiscalía, ha reconocido que vivió en la citada vivienda y que los dueños “no les advirtieron” de las condiciones del agua ni la existencia de un grifo con agua potable, así como que requirió asistencia médica al consumirla y que se quejaban a los empresarios de esta situación.

No obstante, otro trabajador, que lleva empleado en la finca unos cinco años, ha afirmado que “siempre se le informa a los trabajadores de donde estaba agua apta para su consumo, que procedía de un grifo a 20 metros de la casa”, así como que en estos cinco años “nunca ha tenido lugar ningún episodio por intoxicación”. Del mismo modo, ha indicado que esta ciudadana marroquí “sólo trabajó dos días y que fue despedida porque era problemática e incluso llegó a empujar” a uno de los empresarios.

Uno de los acusados ha remarcado que se estropeó una de las tuberías y llamó él mismo a un fontanero para que procediera a su arreglo. Éste también ha declarado y ha hecho hincapié en que “en la arqueta existente las aguas fecales no se mezclaban con la apta para consumo”.

Al respecto, también han declarado agentes de la Guardia Civil, que se presentaron en la finca avisados por otra patrulla ante la posibilidad de “existencia de problemas” con los trabajadores, quienes han coincidido en que “en esa arqueta había agua mezclada y estaba sucia”.

LA CASA, “BASTANTE PRECARIA”
Del mismo modo, ha señalado que estas trabajadoras les comunicaron que habían requerido asistencia médica al consumir el agua no potable, lo que les había provocado “fiebre, lesiones en la piel y dolores de estómago”, así como que la casa era “bastante precaria”, sin embargo los agentes no han podido corroborar los análisis de las muestras que se tomaron de dicha agua.

En esta línea, el citado empresario ha remarcado que “el agua potable la instauró en 2007”, así como que la tubería “pasa por la arqueta pero no llega a tocar las aguas fecales”, a la par que ha remarcado, al igual que su hija, que se encargaba de la gestión de los trabajadores, que “todas las personas que vivían en la casa no estaban dadas de alta, sólo dos y las otras se agregaron”.

El otro acusado, hijo también de este empresario y encargado de la selección del personal, ha negado el cobro a esta ciudadana marroquí de 1.500 euros a cambio de un contrato y la regulación de su situación en España y ha incidido en que “las mujeres no se quejaban” de estas supuestas condiciones de insalubridad.

CRUCE DE DECLARACIONES
A su vez, el que fue novio de esta ciudadana, también de nacionalidad marroquí, y que declaró ante el juez instructor que “vio cómo su novia entregaba el dinero” a uno de los empresarios y que después ésta le contó que “le había pagado a cambio del contrato”, ha asegurado en sala que “cuando llegó al lugar ya habían terminado de hablar y que no vio el dinero”.

Por estos hechos, el fiscal pide para cada uno de los acusados cuatro años y medio de prisión –un año y medio por un delito de estafa y tres por un delito contra la salud pública–, y, como responsabilidad civil, una indemnización a la citada ciudadana marroquí de 1.500 euros por el dinero defraudado y no devuelto, y otros 1.000 para las demás por los perjuicios causados.

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