Interventor de la Junta en Huelva reconoce “relajación” en el control de fondos de formación

El interventor provincial de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, ha considerado este lunes que ha habido una “relajación” en los mecanismos de control en las subvenciones de los fondos de formación, lo que ha provocado, a su juicio, que hubiera “menoscabo” de fondos públicos.

García Bermúdez es el quinto interventor provincial de la Junta, tras los de Almería, Cádiz, Córdoba y Granada, que comparece ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 a la actualidad.

Durante su comparecencia, el interventor ha señalado que en su informe de 2013 puso de relieve que había “muchas irregularidades y muy relevantes”, como expedientes justificados “sin la documentación mínima indispensable o con documentación incorrecta y con graves defectos”.

Preguntado por el representante del PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro, si puede “garantizar” y si “tiene certeza” de que ha habido menoscabo de fondos, García Bermúdez ha dicho entender que en su opinión sí “porque se ha producido un daño real” dado que “se han dado todas o casi todas las infracciones que la Ley de Hacienda especifica: administrar recursos y derechos sin sujeción de la norma, ha habido mucha negligencia a la hora de exigir los reintegros, no se ha actuado con la debida contundencia o se ha dado lugar a pagos indebidos al liquidar obligaciones”.

El interventor de la Junta en Huelva ha explicado que ostenta este cargo desde 2006, que con anterioridad ha estado también vinculado a esta Intervención, y ha defendido que ha actuado “con total honestidad, cumpliendo todas las exigencias que se requieren a un interventor de la Junta, no me he inhibido de mis funciones”.

Así, ha señalado que en 2012, en los informes trimestrales, se detectaron incumplimientos “bastante relevantes” que se pusieron en conocimiento del órgano gestor “para que fuera tomando medidas”, y ha señalado que en el informe final, que no era exclusivo de la formación, sino que contemplaba toda la gestión del SAE, mientras en formación “el cien por cien presentaban irregularidades”, en el resto de áreas las irregularidades era “asumibles, correspondientes a una gestión normal”.

De esta manera, ha relatado que, ante esta situación, se dio traslado a la Intervención General, que terminaría aprobando para el 2013 incluir en el plan anual de subvenciones el informe especial de formación, un año, advierte, en el que “el cúmulo de irregularidades sigue en aumento”. Por eso, “el informe lo hicimos desfavorable, porque el SAE no ha cumplido normativa que le era de aplicación”.

Así las cosas, entendiendo que “se ha producido menoscabo en caudales públicos”, el interventor en Huelva elevó dos borradores de actuación al Interventor General, “y él, en vista de evidencias que le aporto, decide firmar esos informes”.

Ha explicado que por las irregularidades detectadas se pueden pedir responsabilidades “penales, contables, civiles o administrativas”, a la par que ha descartado que haya “una mano negra” para que los jefes de servicio de todas las provincias se hayan puesto de acuerdo para permitir esa “relajación” en el control de las subvenciones, toda vez que, como han expuesto algunos grupos, las irregularidades eran comunes en todas ellas.

“LA NORMATIVA NO TIENE EXCESIVAS CARENCIAS”
“Algún mecanismo se ha tenido que relajar para llegar a donde estamos, el gestor no ha cumplido con la legalidad, algún mecanismo de control ha fallado”, ha agregado García Bermúdez, sobre lo que el socialista en la comisión ha replicado que no cree que los funcionarios se haya relajado, “creemos que han actuado con diligencia y profesionalidad”.

García Bermúdez, a preguntas de la diputada del PP-A Teresa Ruiz-Sillero, ha apuntado como responsables de ese presunto menoscabo de fondos a “las autoridades que intervinieron en los expedientes y los funcionarios”, concretamente el jefe de servicio y el director provincial del SAE de ese momento.

“Si no exige de sus funcionarios la mínima diligencia, pasa lo que vemos”, ha apostillado, antes de señalar que el menoscabo de fondos “es una cuestión de criterio”. La popular ha defendido esta postura: “estas graves irregularidades, que dan lugar a informes especiales y de actuación, es porque hay riesgo evidente de pérdida de fondos públicos”.

Asimismo, el interventor ha señalado que no tiene “datos suficientes” para saber si los expedientes prescriben o no, “lo que tenemos es el dato de finalización de plazo de justificación de las subvenciones”. También ha considerado que la normativa no tiene “excesivas carencias”, y ha explicado que en Huelva no se ha iniciado ningún expediente sancionador para el beneficiario, “no hay tradición en ese aspecto”.

Mientras, sobre los medios con los que contaba en la Intervención, García Bermúdez ha puesto de manifiesto que la Administración “adolece de carencias” en todo su organigrama respecto a personal, de manera que en este sentido “no estábamos bien ni en la Intervención ni en otros servicios de la Junta”. Ha explicado que eran “incapaces” de ver uno a uno todos los justificantes de las subvenciones, y que aceptaban las certificaciones del gestor porque “me cuesta pensar que autoridades o funcionarios puedan falsificar esos certificados”.

Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos, ha puesto en cuestión que todo este caso “haya sido algo así como una casualidad”, mientras ha considerado que es “extraño” que se relaje el control en todas las provincias: “puede haber un funcionario vago, pero en todas las provincias es extraño”, a lo que el interventor ha replicado que no cree que “nadie haya urdido plan para que se produzca esa relajación”.

Por Ciudadanos, Marta Bosquet ha agradecido al interventor su claridad a la hora de explicar los procedimientos, y ha criticado al PSOE-A “su intento por demostrar que no existía menoscabo” y al PP-A que “intentara demostrar que tenía más información” que el propio compareciente.

En su turno, la representante de IU Elena Cortés ha recordado al PSOE-A que los comparecientes están “para que podamos sacar información, no para otra cuestión”, y ha celebrado que el interventor “no se haya amedrentado” con las preguntas de los socialistas. Se ha posicionado en la misma línea que García Bermúdez para indicar que “ha habido sin duda de un menoscabo también social porque durante años las políticas de empleo no se verifican con su objetivo”.

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