La Inspección de Trabajo da la razón a los monitores de educación especial

La Inspección de Trabajo de Huelva “ha dado la razón” a los monitores de educación especial que denunciaron que la categoría profesional que les daba la empresa Celemín no correspondía “a las funciones que realizan, ni al tipo de centro en el que desarrollan su trabajo”.

Esta denuncia se interpuso cuando el servicio lo prestaba la empresa Celemín para los centros educativos, pero ahora lleva a cabo la Fundación SAMU después de que le fuera adjudicado este servicio de atención y que subrogó a las trabajadoras, las cuales se encuentran en huelga desde el pasado día 2.

Ante esto, CCOO ha destacado a Europa Press que Inspección “da la razón al sindicato y a las justas reivindicaciones” de las trabajadoras, así como han recordado que el convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad establece distintas categorías profesionales en función de la tipología de centro.

Así, desde el sindicato se ha demandado en reiteradas ocasiones tanto a Celemín como a SAMU que “los centros donde estas trabajadoras desarrollan su trabajo son centros educativos”, al tiempo que han remarcado que “la categoría profesional que aplican al más del centenar de trabajadoras no es la que les corresponde legalmente y que conlleva una pérdida de 300 o 400 euros mensuales en sus salarios”.

La anterior empresa Celemín, y ahora Fundación SAMU, a juicio del sindicato, para justificar la categoría profesional que aplica “siempre ha defendido que los centros en los que estas trabajadoras desarrollan sus funciones son centros de atención especializada”.

Por ello, CCOO ha considerado “un logro” la resolución de la Inspección de Trabajo que viene a constatar que “los centros educativos donde las trabajadores prestan servicio no son centros de atención especializada sino centros educativos, y que independientemente de que haya alumnos que tengan algún tipo de discapacidad en estos centros, no se engloban dentro de los centros y servicios de atención a personas con discapacidad. Adjuntando una relación de centros que tienen esta consideración en la provincia”.

Finalmente, la Inspección ha procedido a levantar acta de infracción al “apreciar disminución de derechos laborales en materia de vacaciones, salarios y tiempo de trabajo”. Asimismo, también ha levantado acta de liquidación por “falta de cotización de dichos complementos”.

En definitiva, CCOO ha valorado positivamente la intervención de la Inspección de Trabajo porque “reconoce que las reivindicaciones de las monitoras educativas les corresponde por derecho, al no ajustarse la categoría profesional  aplicada a la tipología del centro”. La nueva empresa SAMU tendrá que asumir “por extensión esta resolución al subrogar a estas trabajadoras”, ha agregado el sindicato.

En esta misma línea se ha manifestado la presidenta del comité de empresa de la Fundación SAMU en Huelva, María José López, que ha expresado su satisfacción por esta resolución porque “se reconoce que se han visto disminuidos nuestros derechos laborales”, a lo que ha añadido que este miércoles los AMPA de centros de la provincia se han concentrado en señal de apoyo a este colectivo.

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