El juez de los cursos de formación declara a la Junta responsable civil subsidiaria

El magistrado resuelve de esta manera la personación de la Junta en este procedimiento

Audiencia Provincial de Huelva.

Audiencia Provincial de Huelva.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, encargado de la investigación del supuesto fraude en los cursos de formación otorgados por el Gobierno andaluz, ha declarado responsable civil subsidiaria del mismo a la Junta de Andalucía.

Según han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado resuelve de esta manera la personación de la Junta en este procedimiento, después de que la Administración pidiera personarse en la causa y se haya admitido esta personación en calidad de responsable civil subsidiaria.

El juzgado ha tomado la decisión tras recibir un atestado de la Policía donde existen indicios de infracción penal de funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos, ha adelantado la cadena Ser. Cabe recordar que la Junta de Andalucía está personada como acusación en otros procedimientos judiciales sobre este supuesto fraude.

Desde hace meses están declarando un centenar de investigados, entre ellos el exalcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado; el ex delegado de Empleo Eduardo Manuel Muñoz García por su actividad como director provincial del SAE; José Martínez Iglesias como secretario general de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería Empleo; José Ángel Gil Flores, como jefe de servicio de Formación del SAE, y Manuel María Velázquez Cabrera, como jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua del SAE, además de 1.000 testigos.

Todos ellos dueños o representantes legales de las 29 empresas que ha estado investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) desde septiembre de 2014 bajo la dirección del citado juzgado.

Esta causa fue archivada el año pasado, sin embargo el juez optó por reabrirla después de que le llegara “nueva información ampliatoria del atestado policial”. No obstante, antes de que el juzgado tomara esta decisión, la Fiscalía llegó a recurrir el sobreseimiento en reforma de la misma, que finalmente se reabrió.

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