El PP pide la comparecencia de Fiscal para aclarar la situación de la Torerera

Piden que se detalle el proceso de concesión a UGT para el uso del antiguo poblado minero con fines sociales y turísticos

El Partido Popular ha pedido en sede parlamentaria la comparecencia del consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, para que detalle el proceso de concesión a UGT Andalucía de los terrenos del poblado minero de la Torerera, ubicado en el término municipal de Calañas, concesión acordada en los años 90 y de la que, décadas después, nada se sabe.

A raíz de una pregunta parlamentaria efectuada esta semana en el Parlamento por la parlamentaria andaluza del PP por Huelva, Carmen Céspedes, en la que la Junta de Andalucía se ha desentendido de este proceso, los populares exigen ahora al Gobierno andaluz qué aclare ha pasado con La Torerera y qué planes tiene para este proyecto.

El PP critica que las consejerías de Turismo, en primer lugar, y de Medio Ambiente, después, “echen balones fuera y no quieran saber nada de este asunto” argumentando que la relación entre Administración regional y el sindicato UGT para la explotación de los recursos de La Torerera ha expirado. Una relación que se remonta a un primer convenio suscrito en 1991 en el que se formalizaba la cesión de los terrenos por cincuenta años, firmado por la entonces Consejería de Obras Públicas y UGT, al que luego siguió un segundo convenio firmado en 2009 entre la agencia pública Egmasa (ahora agencia Amaya) y UGT para el aprovechamiento de los recursos naturales de la finca. Céspedes ha indicado, además, que la agencia Amaya llegó incluso a subastar en 2011 el aprovechamiento cinegético de esta finca.

Igualmente, la parlamentaria andaluza del PP ha criticado, basándose en un informe de la Cámara de Cuentas, que la Junta no reclame al sindicato el complejo turístico por el abandono que sufre.

Estos terrenos, objeto ahora de polémica, y que cuentan con una superficie de 286 hectáreas, fueron comprados en 1986 por la Junta a la empresa Explosivos Riotinto y cedidos luego a UGT a través del Programa Nacional sobre Pueblos Rehabilitados. Este proyecto contó con financiación europea a través de los Fondos Feder. Las obras finalizaron en 1997 y un año después, el 19 de febrero, fue inaugurado.

Desde entonces, argumenta Céspedes, “ha caído en el olvido y la Junta de Andalucía parece no querer saber nada de este proyecto, por lo que hemos pedido al consejero que dé todas las explicaciones con detalle en el Parlamento”.

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