El interventor de la Junta en Huelva insiste en el “menoscabo” por la formación

García Bermúdez estaba citado a comparecer este jueves como testigo ante la juez María Núñez Bolaños en el marco de la pieza separada de la investigación judicial que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE)

En la izquierda de la imagen, el interventor general de la Junta en Huelva durante su declaración en la comisión del Parlamento de Andalucía.

En la izquierda de la imagen, el interventor general de la Junta en Huelva durante su declaración en la comisión del Parlamento de Andalucía.

El interventor de la Junta de Andalucía en la provincia de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, ha ratificado este jueves ante la juez María Núñez Bolaños, quien comanda el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, la tesis ya manifestada ante la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz en torno a las subvenciones autonómicas en materia de formación profesional y las supuestas irregularidades detectadas en su tramitación y gestión.

García Bermúdez estaba citado a comparecer este jueves como testigo ante la juez María Núñez Bolaños en el marco de la pieza separada de la investigación judicial que afecta al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), junto con los interventores de la Junta en Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa; y en Córdoba, Antonio Escudero Miralles, si bien la comparecencia de este último ha sido finalmente suspendida y aplazada al 17 de mayo a las 11,00 horas.

La comparecencia de Miguel Ángel García Bermúdez ante la juez surge después de que recientemente, este alto funcionario de la Administración andaluza declarase ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz en torno a las supuestas irregularidades descubiertas en la concesión y tratamiento de las subvenciones otorgadas por la administración de la Junta en materia de formación profesional para el empleo, desde 2002 a la actualidad.

“RELAJACIÓN” EN LOS CONTROLES
En aquella comparecencia inicial, García Bermúdez consideraba que como consecuencia de una “relajación” en los mecanismos de control en las subvenciones de los fondos destinados a incentivar la formación profesional, hubo un “menoscabo” de fondos públicos. Además, señaló que en su informe de 2013 puso de relieve que había “muchas irregularidades y muy relevantes”, como expedientes justificados “sin la documentación mínima indispensable o con documentación incorrecta y con graves defectos”.

A su juicio, media en el asunto “un daño real” a los fondos públicos, dado que “se han dado todas o casi todas las infracciones que la Ley de Hacienda especifica: administrar recursos y derechos sin sujeción de la norma, mucha negligencia a la hora de exigir los reintegros y pagos indebidos al liquidar obligaciones”.

Y su comparecencia ante la juez Núñez Bolaños ha seguido el mismo sentido, dado que el interventor de la Junta en Huelva habría ratificado en el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla su idea de que las supuestas irregularidades en la gestión de tales subvenciones ha desencadenado un “menoscabo en los fondos públicos”, al no mediar en determinados casos “los requisitos legales” y no ser “exigidos los reintegros correspondientes”.

“REPAROS” A LOS EXPEDIENTES
Entre otras cosas, García Bermúdez habría expuesto que la Junta de Andalucía concedió ayudas para cursos de formación profesional a empresas que aún tenían pendiente la justificación de subvenciones concedidas en años anteriores y que no contaban con resoluciones de exceptuación que les liberase de la obligación de justificar el gasto de las ayudas previas. En ese sentido, ha defendido su labor asegurando que él mismo ha puesto “reparos” a la concesión de ayudas al detectar incidencias en los expedientes.

Además, habría manifestado a la juez María Núñez Bolaños que con motivo del ‘Informe especial de subvenciones de formación profesional para el empleo, ejercicio 2009-2012’, habría detectado “graves irregularidades” en “prácticamente el cien por ciento” de los expedientes analizados por él mismo y relativos a ayudas en la materia, así como que dentro de toda esta serie de incidencias, hubo expedientes de reintegro destinados a reclamar la devolución de las ayudas que quedaron “paralizados” por supuesta orden del “órgano gestor” y cuyos efectos “pueden prescribir”.

El interventor de la Junta de Andalucía en Granada, Miguel Gutiérrez Pedrosa, habría expuesto, de su lado y entre otros aspectos, que también en su labor de fiscalización de los expedientes en materia de ayudas a iniciativas de formación empresarial habría detectado, a la hora de la justificación de las ayudas, “facturas inadecuadas, gastos no procedentes” e incluso gastos “exagerados”.

Ambos interventores provinciales, además, habrían coincidido a la hora de señalar ante la juez que en el momento de la elaboración del ‘Informe especial de subvenciones de formación profesional para el empleo, ejercicio 2009-2012’, la documentación con la que contaban y que se les había suministrado carecía de determinados documentos que sí mediaron en los momentos en los que los interventores, dentro de su labor ordinaria, examinaron los expedientes en cuestión.

DIVISIÓN EN PIEZAS
En esta causa permanecen imputados diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de la Junta de Andalucía; los exconsejeros autonómicos Antonio Fernández y Ángel Ojeda; así como otras 16 personas entre las que figuran 13 ex altos cargos de la Junta que fueron detenidas en marzo de 2015 en el marco de la operación ‘Barrado’, tras lo que fueron puestas en libertad con cargos.

Después de que Mercedes Alaya dejara de ser la juez titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla para ocupar su plaza en la Audiencia Provincial de Sevilla, la causa de la formación fue asumida por la juez María Núñez Bolaños, que en diciembre de 2015 dividió la causa en nueve piezas separadas, como son las relativas a los entramados empresariales vinculados al exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, Rafael Velasco y José María Pérez González.

Otras cuatro piezas están centradas en otros tantos consorcios públicos de formación de la Junta, como son Ciomijas, Formades, Forman y CTI.

De igual modo, la instructora ha dividido el caso en una octava pieza vinculada a la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), mientras que la novena y última pieza se centra en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Esta última pieza ha sido declarada de especial complejidad por la juez.

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