El fiscal jefe de Huelva defiende que la investigación de las causas la dirija Fiscalía

El fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Huelva, Luis Fernández Arévalo, se ha mostrado a favor de que sean los fiscales los que dirijan en España la investigación de las causas seguidas contra personas adultas, tal y como sucede actualmente respecto de las personas menores de edad en el sistema de justicia juvenil.

En una entrevista concedida a Europa Press, el fiscal jefe asegura que se trata del “modelo anglosajón, que se extendió por Europa y, en la actualidad, lo está haciendo por toda Latinoamérica, y es prácticamente general en todo el mundo”, por lo que considera que España se está convirtiendo en “una excepción del modelo general”.

A su vez, Fernández ha insistido en que es “el modelo del futuro” que, a su juicio, es “inexorable y tiene que pasar por encargar al fiscal no la instrucción sino la dirección de la investigación, sujetando la misma al control de un Tribunal de Garantías”.

Prácticamente, ha añadido que “en todos los modelos del mundo, la investigación la dirige el Ministerio Fiscal, bajo el control del juez de garantías, ya que el juez juzga y hace ejecutar lo juzgado”, indicando además que “la esencia de la actividad del fiscal es promover la acción de la justicia”.

Al estar implantado en el sistema de justicia juvenil, al respecto, Fernández Arévalo se ha preguntado “¿por qué para un caso con el que esté relacionado un menor, la investigación la hace el fiscal y para un adulto no?”, ya que, para el fiscal jefe, “si se dice que es un tema de garantías, ¿es que el menor merece más o menos garantías que un adulto?”.

A su juicio, quizás la presencia de que un juez, que investiga, “da una imagen exterior de que el instructor está dictando sentencia”, y a ello no es ajena el hecho de la sustitución del término de ‘imputado’ por el de ‘investigado’, lo que “se haría ocioso en un modelo en el que un juez dicta sentencia de una acusación de delitos que el fiscal investiga”.

Este modelo se intentó introducir en marzo de 2012 cuando el Gobierno de entonces, el PP, encarga a una Comisión Institucional de Expertos la elaboración de una propuesta para un nuevo Código Procesal Penal que sustituyera la ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 en el que los expertos propugnaron que el fiscal pasara a instruir las causas penales, incorporando a la Fiscalía General del Estado la Policía Judicial, de la que dependería orgánica y funcionalmente.

Del mismo modo, hubo intentos similares impulsados por gobiernos anteriores del PSOE, intentos hasta ahora “todos fracasados”, ha concluido Fernández Arévalo.

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