Arqueólogos estudian personarse como acusación particular ante los “expolios” en el yacimiento

La Mesa Directiva del Colegio Profesional en el que se integran los arqueólogos colegiados de las provincias de Sevilla y Huelva ha mantenido una reunión “ante las noticias de nuevos expolios contra el patrimonio arqueológico onubense perpetrados en el yacimiento prehistórico e histórico, declarado Bien de Interés Cultural, de la Orden-Seminario”, y “los arqueólogos de Sevilla y Huelva han establecido la necesidad de personarse como acusación particular en el caso”.

Así lo ha indicado en un comunicado remitido a Europa Press este domingo el presidente de la Sección de Arqueología del referido Colegio de las provincias de Sevilla y Huelva, Jacobo Vázquez, quien ha explicado que fue este sábado por la mañana cuando la Mesa Directiva “se reunió de urgencia”.

En dicho encuentro se han “concretado los pasos que debemos seguir desde la institución que representamos”, según ha explicado Vázquez, para quien “los hechos acontecidos en parcelas de titularidad pública, y además sobre un Bien de Interés Cultural, no hacen más que evidenciar las grandes carencias que tenemos en Andalucía para proteger el inmenso Patrimonio Arqueológico del expolio y la destrucción”.

Además, ha añadido que “los atentados patrimoniales en Andalucía, lejos de ser hechos aislados, son un constante goteo desde hace ya más de dos décadas”, y “los expolios son achacables tanto a intereses particulares como de las administraciones públicas, aunque muchas veces no son otra cosa que una falta de comunicación entre las propias administraciones públicas”.

Desde este colectivo piensan “solicitar a la Fiscalía que al menos investigue” si en el caso del “expolio” del yacimiento onubense “pudieran existir responsabilidades más allá de la del maquinista”.

Además, este representante de los arqueólogos considera que “este nuevo expolio deja claro que los propietarios de los terrenos expoliados, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Huelva, no han cumplido con su deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo de manera que se garantice la salvaguarda de sus valores, como la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, negro sobre blanco, establece”.

Para el Colegio Profesional de Arqueólogos de Sevilla y Huelva, no obstante, “lo preocupante es que en la práctica no existe por parte de la Junta de Andalucía o de los ayuntamientos una verdadera política de gestión, protección y conservación del patrimonio arqueológico”. “Han dedicado todos estos años a burocratizar y eternizar los trámites de actuación sobre el patrimonio poniendo dificultades y trabas a los profesionales e investigadores, pero han desatendiendo la realidad física y territorial de los yacimientos”, ha aseverado Jacobo Vázquez.

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