La Junta denuncia ante la Fiscalía y el Ayuntamiento valla la zona tras otro expolio arqueológico

La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva ha elevado a Fiscalía la denuncia de un nuevo expolio, tras la realización de movimientos de tierras, en dos parcelas de la zona arqueológica de Huelva –de titularidad pública y pertenencientes al Ayuntamiento y a la propia Junta–, concretamente en el sector B3 Santa Marta-La Orden, una zona inscrita en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz dentro de la Zona Arqueológica de Huelva, siendo por tanto Bien de Interés Cultural (BIC).

Según han informado a Europa Press desde la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, tras denunciar los hechos el pasado viernes ante el juzgado de guardia y el Seprona, hoy han elevado esta denuncia a Fiscalía, no obstante desde el Ministerio Fiscal señalan que no tienen conocimiento de ello.

Por su parte, el Ayuntamiento de la capital, titular de una de las parcelas, ha iniciado expedientes de protección de la legalidad urbanística y sancionadores a los responsables del movimiento de tierra de estas dos de titularidad pública, se ha personado en la causa y ha instalado una valla provisional en la zona que le pertenece.

Tras un primer aviso sobre movimiento de tierra, la Policía Local y técnicos de Urbanismo activaron de manera inmediata un procedimiento, identificando al maquinista de la retroexcavadora que estaba efectuando los trabajos, probablemente para utilizar la zona como aparcamiento teniendo en cuenta la cercanía de un mercadillo de venta ambulante.

Una vez que se tuvo constancia de la falta autorización para las actuaciones, la autoridad urbanística decretó la paralización de la actuación, tras lo cual se han iniciado los trámites para la apertura de los expedientes.

El pasado viernes, en declaraciones a Europa Press, la delegada de Cultura en Huelva, Carmen Solana, precisó que fue personal del área de Urbanismo del Ayuntamiento el que había alertado de estos movimientos de tierra a la Junta, motivo por el que un grupo de técnicos, dirigido por el jefe de servicio de Bienes Culturales, realizó una inspección en la zona.

Tras la misma, se pudo comprobar que estos movimientos habían provocado “un rebaje del terreno cercano a los dos metros en algunas zonas”.

Por todo ello, la Junta elevó los hechos a los juzgados ya que los mismo podrían ser constitutivos de un delito contra el patrimonio. Del mismo modo, remitió unos oficios a los propietarios de estas parcelas –la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento– instando a la paralización de estos movimientos y a su vallado.

La delegada manifestó que se trata de “un hecho lamentable”, que demuestra que “sí que hay una parte de la población concienciada al respecto pero otra no”.

OTRAS ZONAS AFECTADAS
Cabe recordar que otras parcelas de la zona, propiedad de la constructora Bekinsa, el pasado mes de diciembre también sufrieron movimientos de tierra y, según un informe realizado por la Junta de Andalucía, en parte de este yacimiento se llevaron a cabo importantes movimientos de tierras –con rebaja del terreno de hasta cinco metros– en las cuatro parcelas, en las que se aprecian estructuras arqueológicas cortadas y restos materiales arqueológicos sobre todo en una de éstas, que no había sido objeto de intervención arqueológica previa a diferencia de las otras. El Ayuntamiento, por su parte, también abrió cuatro expedientes sancionadores a estas empresas.

A finales del pasado mes de enero la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía estableció una primera valoración económica previa y provisional del daño causado por estos movimientos de tierra, que alcanza los 302.590 euros.

En este mismo informe, la Junta incidió en una intervención arqueológica realizada en los años 2007-2008 que permitió constar la existencia en el lugar de diversas necrópolis de hasta 5.000 años de antigüedad –neolítica, calcolítica, de la edad del bronce, tardorromana y medieval-islámica–. Del mismo modo en 1998, en una de estas zonas, se llevó a cabo una intervención arqueológica de urgencia, documentándose una estructura de almacenamiento de época islámica y también pudieron recogerse materiales de la Edad del Cobre.

De igual forma, la Junta de Andalucía acordó el pasado 18 de enero, como medida cautelar, la paralización de los movimientos de tierras en las parcelas afectadas y la apertura del tramite de actuaciones previas por posibles infracciones graves de la Ley del Patrimonio Histórico Andaluz, dando cuenta a la Fiscalía de Medio Ambiente al considerar indicios delictivos en los hechos, que fueron denunciados en primer lugar por el arqueólogo Diego González ante el Seprona de la Guardia Civil.

Por otro lado, cabe recordar que la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, anunció a mediados de febrero la firma de un protocolo marco con el fin de que Huelva cuente con un Proyecto General de Investigación para sus yacimientos arqueológicos, que lidera un equipo de la Universidad de Huelva, capitaneado por el catedrático de Arqueología y decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, Juan Campos, y que ya tiene el Gobierno andaluz en su poder, aunque tiene que pasar por la Comisión Andaluza de Arqueología de Andalucía dé el visto bueno al citado proyecto.

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