El secretario general de Empleo en la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Huelva José Martínez Iglesias ha explicado este lunes durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación que no ha tenido competencias en esta materia y que su tarea se ha limitado a proceder a la plasmación o materialización de la firma en actos o resoluciones «por delegación» de sus superiores.
Durante su comparecencia ante este órgano, –la tercera de esta jornada–, Martínez Iglesias ha señalado que ni estaba dentro de sus funciones, ni ha participado en ningún procedimiento competencia del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en materia formación. «Nunca he adoptado ninguna decisión, ni aportado ni siquiera una opinión, desconocía sus mecanismos y las normativas reguladoras porque no pertenecía a la estructura orgánica propia del SAE», ha apuntado.
El compareciente, que ha indicado que se acogía a su derecho a declarar y que no iba a responder preguntas por consejo de su abogada, –aunque finalmente sí lo ha hecho con las relacionadas con su testimonio inicial–, ha insistido en que desde que tomó posesión del cargo en 2009 su labor en esta materia, en virtud de sucesivas delegaciones de firma, fue meramente «física», es decir, que consistió «única y exclusivamente» en firmar con carácter habitual los actos y resoluciones del delegado provincial «en todas y cada una de las materias de su competencia».
Martínez Iglesias ha destacado que dicha delegación de firma «no altera la competencia del órgano delegante, al que le sigue en consecuencia perteneciendo la decisión sobre el fondo del asunto. «Lo único que se transfiere es la plasmación o materialización de la firma, sino su finalidad en exclusiva liberar al superior de la tarea de rubricar numerosos documentos», ha señalado el compareciente.
También ha dicho durante su intervención inicial que no tiene constancia de que haya habido algún tipo de «reparo o nota de observación» por parte de la Intervención en relación a la citada delegación de firma. Ya a preguntas del diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico, ha asegurado que nunca firmó una resolución sancionadora en la materia de formación, dado que la normativa no permite la delegación de firma para esta cuestión.
Si bien, ha dicho no recordar si firmó algún expediente de reintegro, aunque la delegación de firma sí estaría permitida en dicho caso. Preguntado también por el portavoz ‘popular’ sobre el hecho de que la delegación de firmas en esta materia sólo se utilizara en la provincia de Huelva, Martínez Iglesias ha asegurado tener constancia de que en Cádiz también se ha usado esta fórmula.
Por su parte, la diputada del PSOE-A María Luisa Bustinduy ha defendido que la comisión de investigación ha cometido un «error de interpretación sin mayores consecuencias» al citar al secretario general de Empleo en la provincia de Huelva al no tener competencias en esta materia. «Esta comisión ha debido interpretar mal su condición», ha apuntado la socialista, quien ha dicho no entender que también se haya citado a funcionarios después de cargos políticos.
El representante de Podemos, Juan Ignacio Moreno Yagüe, ha preguntado al compareciente por las funciones de los secretarios provinciales, lo que ha dado pie a Martínez Iglesias para volver a incidir en su declaración inicial porque consideraba que desde la comisión no se había entendido la explicación que había hecho al inicio de su comparecencia sobre que los servicios periféricos de la Consejería de Empleo tenían dos órganos: la dirección provincial del SAE y la delegación provincial de la Consejería de Empleo en Huelva.
MARTÍNEZ IGLESIAS: «YO NO SOY EL SAE»
«Son dos órganos diferenciados, cada uno tiene su secretario y yo era el secretario de la delegación provincial no de la dirección provincial del SAE, y por eso digo en mi testimonio, que no tengo nada más que aportar porque no estaba dentro de mis funciones, ni he participado nunca en los procedimientos de competencias del SAE en materia de formación», ha insistido el compareciente, quien ha llegado a decir que él «no es el SAE».
En su turno de intervención, la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha considerado «raro» que el compareciente diga que no conocía nada de las ayudas a la formación, así como «intrigante» que no tuviera competencias «más allá de la materialización de la firma». También ha destacado que su formación se queda con ganas de que respondiera a preguntas en relación a la comisión mixta de Empleo, «dado que al parecer este órgano excedía sus funciones».
Finalmente, la diputada de IULV-CA Elena Cortés se ha mostrado «sorprendida» por el hecho de que el compareciente rehusara responder a las preguntas de los miembros de esta comisión, convirtiéndose, según ha subrayado, en «el primer funcionario» que toma dicha decisión. «Nos genera dudas más que razonables esa posición de que no sabe nada y de que nada más que firmaba», ha indicado.
EXSECRETARIA PROVINCIAL DEL SAE
Por su parte, la ex secretaria provincial del Servicio Andaluz Empleo (SAE) en Huelva entre junio de 2010 y octubre del 2015 María José Simó Hernández ha considerado este lunes que aplicar el control financiero permanente al régimen de subvenciones es «una barbaridad», por lo que ha defendido la necesidad de una modificación en la normativa, porque «no se puede subsanar una presunta irregularidad cometida a posteriori porque hay que iniciar expedientes de reintegro, con el peligro que ello conlleva, porque la empresa no exista o no sea solvente», entre otras circunstancias.
Simó Hernández ha manifestado que su citación ante la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz por el presunto fraude en las ayudas a la formación ha sido «un error» pues, según ha señalado, «en la lista de comparecientes aparezco como exsecretaria general y yo nunca he tenido ese cargo». «Se me debería haber citado con el resto de compañeros funcionarios porque mis cargos en la Junta siempre han sido en condición de funcionaria», ha agregado.
Así, ha explicado que sus funciones en el SAE no estaban relacionadas con la gestión de la formación profesional, sino que se encargaba de asuntos de personal, de administración general y del régimen interior de la Delegación.
De esta manera, Simó Hernández ha denunciado la falta de personal que sufría su departamento, algo que puso en conocimiento de sus superiores en diversas ocasiones, así como ha considerado que el traspaso de competencias y las consecuentes mudanzas y reubicaciones «no ha beneficiado» para el mejor funcionamiento del servicio.
Con todo, ha insistido en reclamar un cambio en la normativa de subvenciones porque «hemos llegado a una situación en la que se criminaliza la actuación de los funcionarios, que sufren un grave daño que no sé si será reparable».
