Fiscal delegada Antidroga de Huelva se marcha a la Fiscalía de la Audiencia Nacional

La fiscal delegada Antidroga en la Fiscalía de Huelva, Ángela Gómez-Rodulfo, se marcha a la Fiscalía de la Audiencia Nacional en comisión de servicio. Todo ello después de que la semana pasada el Consejo Fiscal aprobara varios nombramientos para reforzar las plantillas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía Anticorrupción mediante cuatro fiscales en comisión de servicio.

Así, se propuso al Consejo de Ministros los nombramientos de Antonia Sanz Gaite y Ángela Gómez-Rodulfo para la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los de Ignacio Stampa y Carlos Yáñez para la Fiscalía Anticorrupción.

Según han informado a Europa Press desde la Fiscalía onubense, Gómez-Rodulfo ha sido propuesta para ocupar esta plaza en comisión de servicio en principio por un año.

La plaza de Fiscal Antidroga en Huelva se constituyó en 2004, dos años después de que Gómez-Rodulfo llegara a Huelva, procedente de Barcelona, donde se encargaba de Delincuencia Organizada, y la citada plaza se creó ante la solicitud de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, que planteaba en sus memorias anuales la necesidad de contar con un delegado en las provincias más conflictivas en esta materia. Así, cuando este cese se haga efectivo, se abrirá el plazo para ocupar esta delegación Antidroga en Huelva.

El Consejo Fiscal acordó el pasado martes 26 de abril solicitar al Ministerio de Justicia una prórroga de un mes –hasta el 31 de mayo– para los 80 fiscales de refuerzo con los que se dotó a la plantilla fiscal para reforzar las fiscalías más saturadas con el fin de cumplir el plazo legal a que les obliga la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para clasificar entre complejas y no complejas las miles de causas abiertas en los juzgados españoles.

Según los datos aportados, los fiscales han calificado de “complejas” el 30 por ciento del total de 103.178 causas que han revisado desde la entrada en vigor de la reforma el pasado 1 de julio. El informe recoge también que dentro de las causas clasificadas como sencillas, el 16 por ciento han sido archivadas por falta de autor conocido o ausencia de pruebas que justifiquen la continuación del proceso, y el resto de las sencillas, o bien se considera que la instrucción está a punto de finalizar o bien se entiende que se podrá terminar dentro del plazo previsto por la ley.

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