Junta de Andalucía

Amplían una querella contra el alcalde de Cartaya

El vecino de Cartaya que denunció en 2014 al alcalde del municipio, el independiente Juan Polo, por un presunto delito de prevaricación tras la realización de dos construcciones supuestamente en suelo no urbanizable de la localidad, ha ampliado la querella, que ha sido admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte, contra el primer edil ahora por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental ante la pretensión de éste de legalizar estas dos viviendas, por cuya construcción ya está imputado.

Según reza en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el alcalde ha presentado en el Ayuntamiento una solicitud para legalizar las construcciones e instalaciones existentes en una parcela en suelo no urbanizable de su propiedad.

En dicha solicitud el alcalde y propietario de las mismas solicita el reconocimiento de la situación de asimilado al régimen de fuera de ordenación, según la denuncia, “falseando las características de las edificaciones, y en contra de la legislación urbanística que actualmente está en vigor en la localidad”.

De esta forma, este vecino ha ampliado la querella al considerar que el alcalde “intenta que el Ayuntamiento legalice las dos viviendas que posee en una parcela situada en suelo no urbanizable y calificado como de especial protección agrícola hasta mayo del 2015”, a lo que añade que, según reza en la documentación obrante en el expediente de las diligencias previas por las que está imputado el primer edil, “no existen dos viviendas sino una vivienda y un almacén”.

Además, en su solicitud, el alcalde y propietario hace constar una superficie de la construcción principal de 201,75 m2, donde se incluye una ampliación de la misma con una superficie habitable de 13,17 m2, más 14,45 m2 de un patio interior, es decir casi 30 m2, cuya construcción finalizó, según informe del secretario municipal, en octubre de 2010.

Por ello, “no se le puede aplicar el Decreto 2/2012 por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos existentes en suelo no urbanizable en la comunidad autónoma de Andalucía, ya que no se ha agotado el plazo de seis años fijados en el artículo 185 de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para la adopción de medidas de protección de la legalidad urbanística y del restablecimiento del orden jurídico infringido, actuaciones que según la mencionada Ley,  corresponden al propio Ayuntamiento y que aún no se han realizado”.

A juicio de la acusación, el alcalde de Cartaya “está usando la Junta de Gobierno Local, que el mismo preside, para conseguir tiempo y manipular los expedientes administrativos lograr el reconocimiento fraudulento y con ello legalización de las dos construcciones”.

Por todo ello en esta ampliación de querella la acusación pide que se toma declaración al alcalde, en calidad de imputado, y del secretario del Ayuntamiento, que podría ser responsable de un delito de falsedad documental y de desobediencia, así como, en calidad de testigos, al teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Gabriel Maestre (PP), que obra como instructor del expediente de legalización, y al resto de miembros de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Cartaya, que con su voto afirmativo han aprobado este expediente de legalización.

“CACERÍA POLÍTICA”

Por su parte, el alcalde de Cartaya ha lamentado que “la cacería política” en su contra pueda “perjudicar a cartayeros con construcciones en el campo pendientes de regularizar”, así como que este vecino, “un exconcejal del PSOE, exteniente de alcalde y exasesor del anterior equipo de gobierno socialista, que es quien está detrás de esta acusación, únicamente lo denuncie a él”.

“Como el juez desestimó los otros delitos y solo continuó con el de prevaricación por omisión, ahora han ampliado la querella”, ha precisado el primer edil.

Del mismo modo, ha recordado que “esta situación, que se ha dado por el vacío legal que existía al respecto, es totalmente regularizable” al amparo del Decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía, con el que se pretende, precisamente normalizarlas.

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