Junta de Andalucía

El Ayuntamiento de Cartaya niega que haya sentencia en su contra por la salida de Giahsa

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso formulado por el Ayuntamiento de Cartaya contra la sentencia que le obligaba a asumir el pago de 12,2 millones de euros exigido por la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS), como indemnización por su separación del servicio mancomunado de Giahsa, según información emitida por la agencia Europa Press, aunque el Ayuntamiento de Cartaya ha precisado en un comunicado que dicha información es errónea. Según el alcalde de Cartaya,  “lo único que se ha producido es un posicionamiento sobre una medida cautelar de la fase previa de uno de los tres procedimientos judiciales que el Consistorio mantiene con Giahsa por la salida de la MAS” .

SENTENCIA SEGÚN EUROPA PRESS

La nueva sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press y dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, considera que el interés de la MAS “está aún más necesitado de protección que el del Ayuntamiento, al aglutinar un buen número de municipios” y refrenda la tesis de que al ser el Consistorio el que toma la decisión de separarse “ha de aceptar, en principio, las consecuencias económicas de la separación”.

La nueva sentencia ratifica el derecho de la Mancomunidad ha percibir una indemnización de 12.246.799 euros, aprobada por el pleno de la Mancomunidad de Servicios en diciembre de 2014. Esta resolución fue recurrida por el Ayuntamiento de Cartaya, que solicitó su suspensión cautelar hasta que se dictaminara judicialmente sobre el fondo del asunto alegando el perjuicio económico que causaría al municipio que solo ha contado en el año 2015 con un presupuesto total de 17.423.916,32 euros. No obstante, este recurso ya el pasado mes de enero fue desestimado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva y ahora por el TSJA en sentencia firme.

En su pronunciamiento sobre la adopción de medidas cautelares “sin prejuzgar el fondo de la cuestión”, el Tribunal Superior considera que al tratarse de una suma importante, el pago de la indemnización puede ocasionar un “perjuicio económico inmediato” al Ayuntamiento, pero advierte que “también es cierto que a la Mancomunidad, que aglutina a un buen número de municipios, la suspensión del cobro de dicha cifra también le causaría perjuicios, tanto a ella como a los municipios de la conforman”, teniendo en cuenta, además, que la Mancomunidad “presta solo servicios esenciales para esa comunidad de municipios, por lo que su interés, como expone el escrito de oposición a la apelación, está aún más necesitado de protección que el del Ayuntamiento”.

De igual manera, la sentencia del TSJA hace hincapié en que “es el Ayuntamiento quien ha tomado la decisión de separarse de la Mancomunidad, luego ha de aceptar, en principio, las consecuencias económicas de la separación” y también en que “los acuerdos entre el Ayuntamiento de Cartaya y la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva, que establecen las bases para las indemnizaciones, siguen vigentes”, por lo que considera que no debe suspenderse cautelarmente el pago de la indemnización reclamada, que con los recargos e intereses preceptivos la MAS cifra en 15,3 millones de euros.

MÁS DE 35 MILLONES EN TOTAL

Esta sentencia del alto tribunal andaluz puede marcar un hito importante en la prolongada trayectoria de los procesos judiciales surgidos a raíz de la privatización de los servicios del ciclo integral del agua y la recogida de residuos en Cartaya y otros seis municipios onubenses, que decidieron desligarse de la empresa pública mancomunada Giahsa de forma unilateral y a los que MAS viene reclamando indemnizaciones por importe de más de 35 millones de euros.

Así lo entienden fuentes de Giahsa, que consideran avalada su tesis de que los ayuntamientos que abandonan la empresa provincial deben resarcir al resto por las deudas y daños que su salida pueda provocar, evitando que esta obligación se pueda demorar por dilatados procesos judiciales.

Desde la Mancomunidad y su empresa pública Giahsa se ha anunciado un nuevo paso al frente “por tierra, mar y aire” en la estrategia de cobro de indemnizaciones a los ayuntamientos que de manera unilateral abandonaron la institución “sin hacer frente a sus obligaciones legales”.

Según han explicado sus responsables, la entidad mancomunada cuenta con derechos reconocidos por el juez, por lo que van a ejecutar el embargo de 24,5 millones a los ayuntamientos Bollullos Par del Condado, La Palma, Valverde del Camino, Cartaya, Cortegana, Gibraleón y San Juan del Puerto, al tiempo que va a exigir “responsabilidades personales a los alcaldes que no consignen las deudas en sus presupuestos”.

DESMENTIDO DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAYA

 

El Ayuntamiento de Cartaya sale al paso de la información difundida y que señala, “de forma totalmente errónea”, que ha habido una sentencia del TSJA contra el Consistorio y a favor de Giahsa, aspecto que desmienten tajantemente los propios servicios jurídicos que se encargan del procedimiento. El alcalde, Juan Miguel Polo, señala al respecto que “lo único que se ha producido es un posicionamiento sobre una medida cautelar de la fase previa de uno de los tres procedimientos judiciales que el Consistorio mantiene con Giahsa por la salida de la MAS”.

El Equipo de Gobierno aclara, en primer lugar, “que no hay sentencia alguna, porque además los procedimientos están en fase de diligencias previas y ni siquiera se ha empezado a dilucidar la cuestión, como establece explícitamente el propio TSJA”. Detalla al respecto que “lo que hace el Tribunal es simplemente desestimar el recurso formulado por el Ayuntamiento contra un auto judicial, que se enmarca en un marco de absoluta provisionalidad, dentro del ámbito de medidas cautelares, y que por tanto, ni siquiera entra a valorar el fondo del asunto, ni la cuantía de la cantidad solicitada por la MAS, que no es más que lo que Giahsa estima que el Ayuntamiento debe pagarle”.

Según el Consistorio, “como ya explicamos en su día, cuando trascendió el auto, que también se difundió como una sentencia cuando no lo era, es una fase más de uno de los tres procedimientos que el Ayuntamiento y la MAS mantienen en la actualidad, aún en fase previa”.

Además, se da la circunstancia, señaló el primer edil, “que la única sentencia en el marco de los procesos judiciales que mantienen la MAS con los ayuntamientos que se han salido de la Mancomunidad, es la que le da la razón al Ayuntamiento de Valverde, cuyo procedimiento de salida de la MAS es idéntico al de Cartaya, que ha seguido los mismos pasos. También en el caso de Valverde se dio esta misma circunstancia, y cuando el TSJA entró a dilucidar el fondo del asunto, le dio la razón al Ayuntamiento. Simplemente el procedimiento de Cartaya va un paso por detrás”.

En esta línea, el Equipo de Gobierno ha trasladado a la ciudadanía que “el Ayuntamiento de Cartaya ha seguido un procedimiento totalmente legal para salirse de la Mancomunidad, en base a los incumplimientos de la propia MAS, y hasta la fecha, pueden estar tranquilos, porque no hay sentencia en contra del Consistorio en los litigios que mantiene con dicha Mancomunidad”.

Así, Polo reiteró que “tal y como ya hemos explicado cuando una y otra vez se difunde esta noticia de esta forma, y tal y como ya han aclarado los servicios jurídicos municipales en numerosas ocasiones, que tengan claro los ciudadanos que en ningún momento el juzgado le da la razón a Giahsa ni en el contencioso, ni en el fondo del asunto, simplemente responde a una petición de medida cautelar antes de que se inicie siquiera la resolución del procedimiento”.

 

 

 

 

 

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