Junta de Andalucía

El PP pide la retirada de los presupuestos de la capital “por incumplir la ley”

Ángel Sánchez denuncia que Cruz está intentado aprobar un presupuesto "de espaldas al Plan de Ajuste en vigor"

alegaciones Presupuesto PP HuelvaEl portavoz y la viceportavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Ángel Sánchez y Berta Centeno, respectivamente, han presentado este viernes en el Registro del Consistorio el escrito de alegaciones al Presupuesto Municipal para el año 2016 por el que esta formación reclama la retirada inmediata del mismo, su no aprobación definitiva, así como su corrección de acuerdo con la normativa que le es de aplicación y “que está incumpliendo de manera flagrante”, en palabras de Sánchez, ya que el alcalde, Gabriel Cruz, está intentado aprobar un Presupuesto “de espaldas a las normas básicas reguladoras de una correcta política presupuestaria, al Plan de Ajuste actualmente en vigor, a los informes técnicos y económicos y a los más mínimos principios de seguridad, de prudencia y de responsabilidad”.

El portavoz popular ha recordado que el alcalde lleva un año “vendiéndonos que están intentando hacer el mejor presupuesto de la historia de la ciudad, un año echándole las culpas al Ministerio, y lo que ha terminado haciendo es romper las resoluciones del Ayuntamiento y el Plan de Ajuste del año 2014, lo que no fue más que una argucia para intentar aprobar un presupuesto que no recoge las necesidades de la ciudad y que, además, puede ser nulo por incumplir la legalidad”.

Como ya advirtió el Grupo Popular durante el Pleno de Presupuestos, las Cuentas Municipales que pretende aprobar el Equipo de Gobierno de manera definitiva podría ser nulas al incumplir la legalidad tanto en su proceso de elaboración como de aprobación, “esencialmente del marco presupuestario establecido en el Plan de Ajuste, cuya vigencia es plena”, y tanto no se resuelvan definitivamente las declaraciones de nulidad de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 2 de enero y 7 de marzo de 2014 y del Pleno Municipal de 30 de abril del mismo año, por los que el Ayuntamiento de Huelva solicitó acogerse a las medidas urgentes contra la morosidad de las Administraciones Públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros que puso en marcha el Gobierno central.

El Grupo Popular ha manifestado en repetidas ocasiones, y así lo hizo también en el debate previo a la aprobación provisional de los Presupuestos, que revisar de oficio los acuerdos adoptados en el año 2014 para que el Ayuntamiento de Huelva se acogiera a las medidas del Decreto 8/2013 “era una vía elegida, errónea desde nuestro punto de vista, para declarar no vigentes unas normas, las del Plan de Ajuste, que consideramos sigue plenamente en vigor, e intentar aprobar un Presupuesto de espaldas a las normas básicas reguladoras de una correcta política presupuestaria, los informes técnicos y económicos y los más mínimos principios de seguridad, de prudencia y de responsabilidad”, tal y como ha explicado Sánchez.

El representante popular ha recordado que el Ayuntamiento de Huelva se acogió a través de las resoluciones de 2014 que ahora se ponen en duda a los Planes de medidas extraordinarias de liquidez del Estado. “Fue una adhesión voluntaria al Decreto que provocó importantísimas ventajas de liquidez y mejoras financieras, que permitió refundir y refinanciar los planes de pago a proveedores anteriores, y que ayudó a cumplir los objetivos legales en materia presupuestaria, como el pago a proveedores en menos de 30 días”, ha dicho.

Además, aportó crecimiento razonado y controlado a la ciudad y al Ayuntamiento, otorgó estabilidad al empleo público, permitió avanzar en la mejor prestación de los servicios municipales y posibilitó mantener, e incrementar, el ritmo de políticas importantes incluso excediendo de nuestra competencia, como los servicios sociales. “Esencialmente gracias a la autorización al Ayuntamiento para una operación de crédito a largo plazo con la que financiar el remanente negativo de tesorería”, tal y como ha explicado Sánchez.

Sobre los acuerdos de revisión de oficio de estas medidas, el Grupo Popular entiende que  no se han ponderado los principios, los bienes afectados y los valores que están en juego, puesto que las potestades administrativas de revisión no son ilimitadas. Además, no se ha valorado el tiempo transcurrido desde la adopción de los acuerdos, ni las normas ni los principios mínimos de equidad, una decisión que debe estar avalada por el interés general.

Además, como ha explicado Sánchez, la suspensión de los acuerdos sometidos al trámite de revisión de oficio sólo es posible “si se determina taxativamente cuáles son los perjuicios de imposible o difícil reparación que conllevaría para el Ayuntamiento seguir aplicando las normas del Plan de Ajuste que se intenta dejar sin efecto, pero que sigue plenamente vigente”. Sobre eso, ha advertido el portavoz popular, no hay nada de certidumbre, “puesto que no queda demostrada fehacientemente ni la imposibilidad de realizar unos Presupuestos ajustados al Plan ni el mantenimiento de los servicios públicos, algo que queda en una mera conjetura”.

Por otro lado, el Equipo de Gobierno no ha calculado, ni explica ni justifica las consecuencias o efectos de la suspensión y de la declaración de nulidad, “poniendo en peligro el más elemental principio de seguridad jurídica, que es límite al ejercicio de esta potestad”. Independientemente a esta nula justificación de la suspensión de los acuerdos, ésta afecta exclusivamente a ellos, “pero no a las resoluciones ministeriales”. En este sentido, la autorización del Ministerio no puede revisarse ni suspenderse, “por principios básicos del Derecho Administrativo”.

De esta forma, el Presupuesto del Ayuntamiento de Huelva, aprobado inicialmente, “incumple el actual Plan de Ajuste, que sigue en vigor”, ya que la suspensión de la ejecución de los acuerdos de 2014 no afectan ni a la resolución ministerial de 23 de julio ni al Plan de ajuste mismo, y la extensión de sus efectos no ha quedado ni demostrada ni acreditada.

De hecho, el propio informe definitivo del Interventor Municipal, de fecha 21 de julio de 2016, lo aseveró con rotundidad, al afirmar que “es necesario que por la Secretaría General de este Ayuntamiento se determine previamente el alcance de la suspensión a acordar  y si ésta se extiende también a la resolución dictada por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de fecha 23 de julio de 2014,  pues en caso contrario, no sería posible aprobar el proyecto de presupuesto presentado sin cumplir lo dispuesto en los informes de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales de fechas 4 y 23 de mayo de 2016”.

El Presupuesto Municipal, por tanto, ha sido aprobado provisionalmente incumpliendo el Plan de Ajuste y las apreciaciones, previas y vinculantes, del Ministerio de Hacienda en sus correspondientes informes, algo advertido previamente por la intervención de fondos del Ayuntamiento y en la propia documentación enviada al mismo desde el Ministerio.

“No sólo se aprueba un Presupuesto Municipal de manera provisional sin cumplir los criterios del Plan de Ajuste, que sin duda sigue vigente, sino que en el seguimiento del propio plan de ajuste, además de que también se incumple la normativa sobre morosidad superando el período medio de pago los 30 días, no se están cumpliendo todas las medidas de ingresos recogidas en el Plan, consiguiendo por esta vía un ahorro inferior al recogido en éste y debiendo adoptarse otras medidas para corregirlo”, ha detallado Ángel Sánchez.

Por tanto, el Grupo Popular entiende que el Presupuesto sólo puede considerarse válidamente aprobado “siempre que se haya atendido el informe del Ministerio de Hacienda, algo que no ha sucedido desde el momento en el que el Equipo de Gobierno presenta un Proyecto de Presupuestos entendiendo que el Plan de Ajuste carece de vigencia, en contra de los criterios técnicos y económicos”.

Sánchez ha recordado, además, que el dictamen en Comisión Informativa del Proyecto de Presupuestos se realizó “incumpliendo los trámites básicos que regulan el proceso de aprobación del mismo, coartando así la posibilidad de estudio con rigor y con los documentos en el tiempo prescrito legalmente”. Documentos tan importantes, ha detallado el portavoz, como el propio informe del interventor, los informes del Ministerio, el informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de la regla de gasto y del límite de deuda o las bases de ejecución del Presupuesto “fueron remitidos a los grupos políticos municipales después de haber sido sometido a debate y votación en la Comisión citada”.

 

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