La residencia de Tharsis cuenta con 86 plazas concertadas para mayores dependientes

residencia Monte Jara TharsisEl delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Rafael López, ha destacado la “calidad de la atención y el excelente servicio” que la residencia Monte Jara, ubicada en el municipio de Tharsis, presta a personas mayores que son usuarias del sistema de atención a la dependencia en la provincia de Huelva.

López ha realizado estas declaraciones durante el transcurso de una visita al centro, que se encuentra gestionado por la empresa SARquavitae y dispone de un total de 86 plazas concertadas por la Junta, a cuyo mantenimiento ha destinado ya este año alrededor de 572.000 euros. De estas plazas conveniadas, 64 corresponden al centro residencial y 22 a la unidad de trastornos de conducta. En el acto, el delegado territorial ha estado acompañado por el alcalde del municipio tharsileño, Lorenzo Gómez.

La residencia SARquavitae Monte Jara ofrece a los usuarios una atención integral a sus necesidades y demandas en régimen de alojamiento las 24 horas del día, los 365 días del año, además de otras actividades y programas para promover su autonomía personal y retrasar la evolución de la dependencia. Su cartera de servicios abarca, en este sentido, desde alojamiento y comedor a atención sanitaria, talleres ocupacionales, acompañamiento, salas de reuniones y estar y actividades de ocio, entre otros.

El responsable provincial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales está llevando a cabo una ronda de visitas a los diferentes dispositivos y recursos incluidos en la red del sistema de atención a la dependencia en Huelva, poniendo en todas ellas de manifiesto “el esfuerzo que está realizando la Junta por la mejora de estos servicios y garantizar la accesibilidad de los ciudadanos a los mismos”.

Al respecto, ha recordado que Andalucía es referente en el conjunto del Estado español en el desarrollo de la Ley de Dependencia. De hecho, en estos momentos, la comunidad andaluza gestiona más del 23% del total de personas con derecho a prestación en España, lo que significa que prácticamente 1 de cada 4 prestaciones concedidas en toda España corresponden a Andalucía (1 de cada 3 en el caso de la ayuda a domicilio).

En concreto, en Andalucía existen en la actualidad 178.700 personas beneficiarias de la Ley de Dependencia, 13.271 de ellas en Huelva, que suponen una inversión anual estimada de 1.160 millones de euros (77 millones en la provincia onubense).

Y todo ello, incluso teniendo en cuenta los recortes impuestos por el Gobierno central, que durante los últimos años ha reducido en alrededor de 510 millones de euros su aportación a Andalucía en esta materia. Así, según los últimos datos del propio Observatorio Estatal de la Dependencia, el Ejecutivo central sólo aporta el 18% de la financiación del sistema -frente al 50% que fija la ley-, mientras que las comunidades autónomas están asumiendo hasta el 82% del gasto público certificado en el último año.

Con el objetivo de hacer frente a esta situación, la administración andaluza ha incrementado ya este año en un 2,5% el presupuesto en este apartado, que seguirá creciendo paulatinamente hasta alcanzar el 10% al final de la legislatura. De esta forma, se persiguen agilizar los pagos a las entidades y corporaciones locales que prestan servicios.

En esta misma línea, el delegado territorial ha comentado por último que Andalucía “sigue avanzando en este campo”, tal y como demuestran la reciente aprobación del I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia y del proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad, “normas que nos sitúan en una posición de avanzadilla con respecto a otras comunidades”.

El plan tiene como finalidad disminuir situaciones de dependencia en personas que todavía no se encuentran en esta situación, así como promover la autonomía personal y prevenir el agravamiento de la dependencia en personas que ya están contempladas como dependientes. Mientras que la nueva ley persigue facilitar las mejores condiciones y los recursos necesarios para que las personas con discapacidad puedan llevar una vida lo más independiente posible, garantizando además la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal, aspectos que ya existían pero que se refuerzan con relación al anterior marco normativo, al incorporar un régimen sancionador.

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