La Junta abre otro expediente sancionador contra Atalaya Mining en Riotinto

Segunda sanción que recibe en sólo una semana, después de que se le hubiera propuesto otra relacionada con la seguridad

mina-de-riotinto-en-huelva-atalaya-mining-1La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador a la empresa Atalaya Mining, esta vez por el incumplimiento de los parámetros pactados en la Autorización Ambiental Unificada (AAU). Se trata de la segunda sanción que recibe la empresa en tan sólo una semana después de que se le hubiera propuesto otra sanción por la seguridad de sus instalaciones y que han sido calificados. En ambas ocasiones la Junta ha determinado como “graves” los incidentes detectados.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha señalado este viernes respecto a este asunto durante una visita a Cartaya (Huelva) que lo que se hace al abrir expediente es “cumplir con la ley y hacerla cumplir a quien tiene obligación de hacerlo”.

Por ello, según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, “cuando detectamos que alguna empresa o instalación no cumple con determinados parámetros, se abre expediente que desembocará en lo que tenga que desembocar” ya que hay “algunas prácticas que no se ajustan con la autorización ambiental que se dio al proyecto” por lo que “no nos tiembla la mano” a la hora de abrir expediente.

Fiscal ha explicado que ahora la empresa tiene un mes “para alegar” y posteriormente “se determinará en qué queda el asunto”. Fiscal ha querido aclarar que desde Medio Ambiente apoyan la actividad minera que “es buena para Andalucía” pero que desde la Consejería tienen que estar “alerta” y por tanto esto “no es óbice para que no se actúe” cuando se detecta un problema.

El pasado lunes, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Huelva incoó un expediente sancionador a Atalaya Mining, por incumplimientos, calificados en principio como “graves”, en materia de seguridad en la mina de Riotinto, cuya sanción podría alcanzar hasta los 300.000 euros.

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