El PP pide explicaciones por la investigación judicial contra la alcaldesa de Gibraleón

Foto Manuel Gómez escrito PP registrado en el Ayuntamiento de GibraleónEl PP de Huelva ha reclamado este lunes al y secretario provincial del PSOE, Ignacio Caraballo, “explicaciones” ante el silencio de su partido y del equipo de gobierno en la Diputación, que también preside, tras conocerse la investigación judicial abierta por el Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva contra la alcaldesa de Gibraleón y diputada provincial, Lourdes Martín (PSOE), que tendrá que declarar en el juzgado por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en relación con la destitución del que era jefe de la Policía Local en el municipio hasta julio de 2015.

El portavoz del PP en la Diputación y secretario general del PP de Huelva, David Toscano, ha señalado en una nota que “aún” no han escuchado “qué tiene que decir el presidente de la Diputación ante el hecho de que la justicia decida investigar a una diputada provincial del PSOE por presuntos delitos graves”.

Por su parte, el portavoz del PP en el ayuntamiento olontense, Manuel Gómez, ha insistido en que “los olontenses se merecen saber qué ha pasado y aún la alcaldesa no ha explicado qué ha ocurrido, solo se ha limitado a decir que el PP está detrás de esta denuncia”.

En este sentido, ha aclarado que el PP “se ha enterado, al igual que el resto de ciudadanos, por los medios de comunicación de una denuncia pública del ex jefe de la Policía Local de Gibraleón, funcionario que fue cesado de su puesto de forma irregular y cuya denuncia ha sido admitida a trámite por un juzgado”.

Por ello, ha advertido de que “la alcaldesa debe dar explicaciones” y ha subrayado que “el PP de Gibraleón no va a parar hasta que se sepa toda la verdad de este asunto tan grave porque queremos saber si se ha cometido una ilegalidad”.

Asimismo, Gómez también ha precisado que “el PP quiere saber, al igual que los ciudadanos, por qué la alcaldesa encarga a los servicios jurídicos del ayuntamiento, que pagamos todos los olontenses, su defensa jurídica y la del resto de implicados”, y ha señalado, a este respecto, que “los ciudadanos no tienen que pagar con sus impuestos los errores, la mala gestión de una alcaldesa ni las consecuencias de sus decisiones personales”.

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