Admitida la denuncia por irregularidades en las obras del Palacio de Doñana

Palacio de Las Marismillas en Doñana.

Palacio de Las Marismillas en Doñana.

El juzgado de primera instancia e instrucción número dos de La Palma del Condado ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía por posibles delitos de daños en el patrimonio histórico y de prevaricación en relación a las obras iniciadas en octubre de 2014 de remodelación acometidas en el Palacio de Doñana, sede de la Reserva Biológica de Doñana y ubicado en pleno corazón de la reserva natural homónima sobre suelo no urbanizable de especial protección.

En concreto, la Fiscalía dirige esta denuncia contra nueve personas: arquitectos de la empresa constructora, personal del Ayuntamiento de Almonte, miembros de su Corporación y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Así el titular del juzgado, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, ha incoado diligencias para investigar estos posibles delitos y ha acordado la declaración de los denunciados en calidad de investigados. De igual modo, solicita la declaración, en calidad de testigos, del secretario municipal de Almonte; del arquitecto municipal y de la asesora jurídica del Ayuntamiento almonteño, así como recabar de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Huelva y del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, un informe técnico pericial sobre el valor de los daños causados por las obras acometidas y por las demoliciones ejecutadas y atendido el coste aproximado de su restauración.

Informar de la incoación de la causa penal a las administraciones competentes –Subdelegación del Gobierno, delegaciones de Cultura y Medio Ambiente de la Junta y Ayuntamiento–, a efectos de paralizar en su caso los expedientes administrativos sancionadores y evitar la duplicidad de sanciones, también lo señala el juzgado.

A su vez solicita del registro mercantil las hojas registrales de las empresas denunciadas y de la Agencia Estatal del CSIC, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, quien publicitó un procedimiento abierto para promover estas obras, la documentación referida a las mismas entre 2015 y 2016.

Por último, pide a la Secretaria General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía un informe técnico pericial ampliatorio del remitido al Seprona, donde, tras una visita al Palacio, se actualice el contenido de dicho informe en relación con el estado actual de las obras y, en caso de ser posible, se realice comparativa del estado actual y del anterior a las obras hasta el año 2014, a través de fotografías.

DENUNCIA DEL MINISTERIO FISCAL

Según reza en la denuncia del Ministerio Fiscal, entiende que los informes técnicos realizados por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y por el Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva, a finales de 2015, “ponen de manifiesto la ilegalidad de al menos parte de las obras ejecutadas en atención a la protección del inmueble afectado y al alcance y naturaleza de aquellas”.

El inmueble, propiedad del Estado y datado en el siglo XVI-XVII, había sufrido reformas en 1972 y 1988 y tenía protección específica en el PGOU. En concreto goza de la protección de grado uno estructural incluido en el Catálogo Municipal de Bienes y Espacios protegidos, sin estar inscrito en el del Patrimonio Histórico Andaluz como BIC, siendo por ello su protección competencia y responsabilidad exclusiva del Ayuntamiento de Almonte, en aquellas fechas gobernado por el PP.

Las obras proyectadas por la empresa encargada, en concreto por uno de sus arquitectos, y ejecutadas por otra compañía, pretendían una transformación integral de parte del Palacio con el fin de mejorar su habitabilidad para investigadores y visitas institucionales y conseguir así “un edificio innovador y sostenible con el entorno”.

Así, se proyectó desde el primer momento, y con la justificación de su mal estado de conservación, un vaciado integral de las plantas baja y primera con una remodelación total de espacios, demoliciones generales, sustitución de carpinterías de madera originales y tradicionales por otras de PVC, entre otras.

Sin embargo, en base a dicha protección, las únicas obras posibles eran y son las de conservación y mantenimiento del edificio sin alterar sus acabados ni materiales, previo informe favorable de la oficina técnica municipal, y sin ser preceptivos informes previos de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para autorizar dichas obras.

Pues bien, según remarca el fiscal, para ejecutar las obras se presentó el 25 de febrero de 2015 por el CSIC y la empresa encargada de ejecutarlas, un primer proyecto básico y de ejecución supervisado por el Ministerio de Industria, que se limitó a informar que se presuponía el cumplimiento de la normativa pese a que contenía previsión de un porche exterior sobre la fachada sur y derribo de tabiquería interior.

INFORME DESFAVORABLE DEL AYUNTAMIENTO

No obstante, dicho proyecto, teniendo en cuenta la protección y que lo pretendido “no respetaba dicha protección y excedía notoriamente de su conservación y mantenimiento”, fue informado negativamente por el Ayuntamiento con un informe técnico desfavorable de un arquitecto municipal.

Ante tal situación y tras solicitud de prórroga por el CSIC, el arquitecto de la empresa que proyectó las obras presentó un segundo proyecto reformado, que solo suprimía el porche exterior y que también fue supervisado por el Ministerio de Industria, que de nuevo constató lo mismo que anteriormente.

CAMBIAR EL INFORME

Ante ello, el arquitecto proyectista, considera el fiscal con el fin de contestar y cambiar el informe técnico desfavorable del arquitecto municipal, insistió en calificar estas obras de “mantenimiento y conservación respetuosas con la protección del edificio al considerar que éste en sus condiciones no permitía el uso residencial”.

Sin embargo, este proyecto recibió informe técnico favorable de la arquitecta municipal –un técnico distinto al primero–, recibiéndose el mismo día un informe jurídico favorable de una asesora jurídica del Ayuntamiento. En base a esto, la Junta de Gobierno Local concedió una licencia de obra mayor el 24 de julio haciéndose constar que no se alteraba el uso del edificio.

Sin embargo, el fiscal motiva esta denuncia al considerar que entre el primer y el segundo proyecto, en fecha indeterminada y sin licencia en vigor, se iniciaron las obras, y el Ayuntamiento, tras recibir denuncia de un particular el dos de mayo de ese año, aperturó un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística, en el que, con estos últimos informes, se hizo constar que las obras “se habían iniciado sin licencia y eran incompatibles con la legalidad y no legalizables”, ordenándose la paralización de las mismas.

No obstante, pocos días después se archivaba, mediante un decreto, por el nuevo teniente de alcalde delegado de Urbanismo (PSOE) el citado expediente al considerar que las obras ya habían obtenido licencia.

DECLARAR NULA LA LICENCIA

Sin embargo, el pasado mes de octubre, el Ayuntamiento aprobó en un pleno extraordinario declarar nula la licencia de obra después del fallo del Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) a favor de declarar nulo el citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Consistorio por el que se concedió dicha licencia.

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Vivienda, Obras y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento almonteño, Antonio Joaquín Díaz, en declaraciones anteriores, precisó que, de salir respaldado el fallo del Consultivo como así ha sucedido, “se instaría al CSIC a legalizar esta obra, a derribar o a modificar lo ilegalmente ejecutado, e imponer la sanción que proceda, según la ley, como cualquier proceso administrativo de cualquier vecino del municipio que haga una obra sin licencia”.

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