Los populares acusan a la Junta de “asfixiar” a los ayuntamientos onubenses

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El Partido Popular de Huelva ha anunciado este lunes una ofensiva institucional con mociones en todos los ayuntamientos de la provincia y en la Diputación Provincial de Huelva para exigir a la Junta de Andalucía que pague los 51 millones de euros que adeuda a los consistorios onubenses en concepto de Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA).

Así lo ha señalado hoy en rueda de prensa el presidente del PP de Huelva y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, que ha acusado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, se “asfixiar” a los municipios onubenses al no pagar “los fondos incondicionados que le deben llegar a los ayuntamientos como un balón de oxígeno para usarlos en lo que quieran, ya sea para el pago de nóminas, nuevos servicios, instalaciones deportivas, mantenimiento de colegios, etc…”.

González ha señalado que los ayuntamientos “necesitan de ese dinero que les debe Susana Díaz” en al ámbito de las competencias de la administración autonómica. Según ha señalado el líder de los populares, este dinero que se adeuda corresponde a los ejercicios entre 2013 y 2017 por un “incumplimiento reiterado de la financiación de los ayuntamientos” por lo que ha pedido a Susana Díaz “lealtad institucional” para cumplir con los compromisos adquiridos por Ley en los fondos de la Patrica y que el PSOE “deje de dar la espalda al municipalismo”.

En la batería de mociones que va a presentar el PP en los ayuntamientos y en la Diputación, se exigirá, además de las cantidades adeudadas, que se ponga un “calendario de pago” para hacer efectivo esos atrasos en la financiación y que los ayuntamientos tengan financiación para responder a los ciudadanos ya que “los ciudadanos no entienden de competencias y siempre van al ayuntamiento a resolver sus problemas porque es la administración más cercana”.

Asimismo ha puesto de manifiesto que “por todos es sabido que los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y prestan a los vecinos servicios de extraordinaria importancia tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo y nadie pone en duda la enorme capacidad transformadora que los ayuntamientos han tenido, y tienen, en nuestros pueblos y ciudades siendo, este hecho, determinante para considerarlos motores imprescindibles para el progreso, el avance y la cohesión social de los ciudadanos”.

“Apostar por nuestros ayuntamientos es apostar por más sociedad del bienestar para todos, incidiendo en los colectivos más vulnerables y más desfavorecidos; es apostar por la creación de empleo y de riqueza en nuestros pueblos y ciudades; es conformar una oferta educativa y cultural que sea garantía de futuro y de puesta en valor de nuestro patrimonio y tradiciones; es fortalecer la sociedad haciéndola más participativa, una sociedad inclusiva y comprometida; apostar por nuestros ayuntamientos es, en definitiva, apostar por mayor calidad de vida para todos”, ha apostillado González.

En este sentido, ha argumentado que “es importante señalar que son muchos los retos a los que se enfrentan estas administraciones, y es que las competencias y actividades que desarrollan no serán todo lo eficaces que requiere y que nos demandan si no van acompañadas de suficiencia financiera para su puesta en marcha”.

Este principio de suficiencia financiera, junto con el reconocimiento de la autonomía local, figura en la Constitución Española y en diferentes documentos básicos relativos a la Administración Local.  “En coherencia con ello, y en virtud a nuestra competencia, se legisló en nuestra Comunidad autónoma, un texto normativo básico: la Ley 6/2010, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ha explicado.

Esta Ley, cuya aprobación era además un mandato expresamente explicitado en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece un Fondo de participación en los tributos. Así el artículo 4 de la Ley cuantifica la dotación global del fondo para el ejercicio 2011 de 420 millones de euros y un incremento de esta cuantía en 60 millones de euros cada ejercicio hasta 2014, ejercicio en el que la dotación llegaría a 600 millones de euros.

Posteriormente, es decir, a partir de 2015, la dotación provisional del fondo se obtendrá actualizando las dotaciones provisionales del ejercicio anterior con la variación prevista para los ingresos tributarios de la Comunidad autónoma entre esos dos mismos ejercicios, en términos homogéneos. Hay que recordar que esta previsión también se contempla en el articulado de la Ley.

Sin embargo, ha apuntado González, “la realidad ha sido muy distinta a lo establecido como de obligado cumplimiento para la Administración competente que no es otra que la Junta de Andalucía”. Así, ha afirmado que “la cuestión de la financiación no es sólo un aspecto de importancia capital desde el punto de vista de solvencia económica y presupuestaria sino que era, y debe seguir siendo, un exponente claro de compromiso, respaldo y colaboración de la Junta de Andalucía con nuestros ayuntamientos”.

Ambas cuestiones -solvencia financiera y ejemplo de compromiso y colaboración- no han conseguido su máxima efectividad por cuanto los sucesivos gobiernos andaluces han incumplido desde 2012 la ley 6/2010, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía debido a la congelación de estas dotaciones en las Leyes de Presupuesto elaboradas desde entonces.

Este hecho ha tenido como consecuencia que desde 2013 hasta 2016 los ayuntamientos de nuestra provincia hayan sufrido una pérdida de recursos incondicionados por valor de 51. 382. 571 euros, cantidad que la Junta de Andalucía ha dejado de ingresar a nuestros ayuntamientos y que les correspondían por ley.

 

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