IU reclama asesoramiento para los afectados por las cláusulas suelo

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Izquierda Unida va a llevar a los ayuntamientos y a las diputaciones una iniciativa institucional “para que las administraciones locales, las más cercanas a la población, se pongan del lado de las víctimas de la estafa bancaria por las cláusulas suelo y abusivas; creando oficinas para asesorar a la ciudadanía y ayudar a las miles de personas que la han sufrido a que puedan recuperar el dinero que les tienen que devolver los bancos”, según ha expuesto este miércoles en rueda de prensa Isabel Lancha, integrante de la Ejecutiva Provincial de IU en Huelva.

Junto con Lancha, también ha intervenido Francisco Javier Camacho quien ha denunciado que “el Decreto del Gobierno, pactado por PP, PSOE y Ciudadanos, no es para ayudar a las víctimas de esta enorme estafa bancaria, sino todo lo contrario, ya que le proporciona a los bancos un balón de oxígeno para que no tengan que devolver todo lo que han cobrado indebidamente”. En este sentido, Camacho advierte que “el Decreto del Gobierno le concede a los bancos un periodo de cuatro meses con las que paralizar las acciones judiciales que van a seguir perdiendo y así se podrán ahorran las costas judiciales que tendrían que abonar las entidades bancarias”.

Además, este Decreto pretende que los bancos  a cambio de pagar pronto mediante mecanismos extrajudiciales, se puedan ahorrar pagar los gastos que le imputaron indebidamente a sus clientes, considerados abusivos por una Sentencia del Tribunal Supremo de diciembre de 2015. Estos gastos  son los ocasionados por registros de la propiedad, gastos notariales y actos jurídicos, que no deberían haber asumido los clientes de créditos hipotecarios.

Por ello, los representantes de Izquierda Unida recomiendan a las personas estafadas que no renuncien a la vía judicial y que antes de entrar en el mecanismo recogido por el Decreto del Gobierno se asesoren en las Asociaciones de Consumidores o recurran a abogados. Es por esto por lo que Izquierda Unida demanda a los ayuntamientos y a las diputaciones que se apresuren a poner recursos públicos a disposición de  las miles de víctimas de esta estafa bancaria, que en Huelva se estima que sean entre 35.000 y 37.000, ya que siguen indefensas ante los abusos de las entidades bancarias.

 

 

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