La Junta subraya su apuesta por la gestión de residuos en Huelva

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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha destacado la colaboración que mantiene desde hace años la Junta de Andalucía con las entidades locales de la provincia de Huelva para la construcción de las infraestructuras previstas en el Plan Director Territorial de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019.

Entre estas instalaciones destacan las estaciones de transferencia de residuos sólidos urbanos (RSU) para Huelva y Comarcas del Condado y Costa, Almonte, Isla Cristina y El Campillo; la planta de tratamiento y  de gestión de residuos del Andévalo; la de tratamiento y eliminación de residuos de Villarrasa, gestionada actualmente por la Diputación Provincial de Huelva; así como los puntos limpios de recogida de residuos de Ayamonte, Cartaya, Aljaraque, Punta Umbría, Huelva (2), Trigueros, Matalascañas (Almonte), Mazagón (Moguer), Bonares y Cumbres Mayores.

En cuanto a las infraestructuras de eliminación de residuos, el consejero ha informado de que la provincia de Huelva cuenta con tres: el vertedero de residuos industriales peligrosos y no peligrosos en Nerva, el vertedero de RSU no peligrosos asociado a la planta de Villarrasa y el vertedero de inertes en el municipio de Valverde, de titularidad del ayuntamiento.

A ellas hay que sumar las instalaciones autorizadas para diferentes operaciones de valorización como las destinadas a la gestión de vehículos al final de su vida útil, los restos de subproductos animales no destinados al consumo humano (Sandach) (ubicadas en Hinojos y Gibraleón); o las de residuos de la construcción y demolición (Cartaya y Aljaraque). También están las plantas de tratamiento de residuos de plástico y obtención de diferentes materias recicladas (Huelva, Bonares, La Palma del Condado, Hinojos y Almonte); las tres de residuos de buques (Marpol) localizadas en Palos de la Frontera; las de tratamiento y obtención de compost de residuos vegetales agrícolas (Bollullos y Almonte); y la de tratamiento de lodos de depuración de aguas residuales de Almonte. A ellas hay que añadir las plantas de almacenamiento transferente y clasificación de Punta Umbría y Palos de la Frontera, las instalaciones de tratamiento de Huelva (2), Beas y Almonte (2), así como la de almacenamiento transferente de Rociana. Cabe destacar que todas estas infraestructuras aparecen en un registro público que se puede consultar en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación.

En esta provincia existen además diferentes itinerarios de gestión preestablecidos para determinados residuos como los de aparatos eléctricos y electrónicos, plásticos agrícolas, envases de agroquímicos y fitosanitaros, y  neumáticos fuera de uso. Además, en la Delegación Territorial hay un gran número de transportistas inscritos para residuos peligrosos y no peligrosos, negociantes, y agentes de residuos.

Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el consejero ha aclarado que  la Junta de Andalucía tiene las competencias en la planificación de la prevención y gestión de los residuos de ámbito autonómico, mientras que los ayuntamientos las tienen en el municipal. En este sentido, ha recordado que Andalucía cuenta un Plan Director Territorial de Residuos No Peligrosos  ( 2010- 2019) y un Plan de Prevención y Gestión de Residuos Peligrosos (2012-2020).

El primero de ellos contempla las necesidades de infraestructuras concretas para cada provincia andaluza, destinadas a la gestión de dichos residuos, incluidos todos los de competencia municipal. Estructurado en cuatro programas de actuación, este plan propone un total de 147 medidas de actuación, de las cuales, 28 están finalizadas, 125 se encuentran en ejecución y 19 pendientes.

Por su parte, el plan de residuos peligrosos contempla entre sus objetivos el conocimiento y análisis de los diferentes flujos de residuos peligrosos en lo relativo a las cantidades generadas, tipos de basuras, etc. Este documento se articula sobre seis programas que marcan los objetivos estratégicos a largo plazo y en el que se recogen 34 medidas concretas, de las cuales 6 están ya finalizadas, 14 en ejecución y 14 pendientes.

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