El PSOE recuerda que la liberalización de la estiba “pone en peligro” 48 empleos en Huelva

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El PSOE ha pedido al Gobierno central “consenso” antes de imponer un decreto que en la provincia de Huelva pone en peligro los 48 empleos de los estibadores del Puerto. La diputada nacional Pepa González Bayo ha manifestado que “si bien es verdad que España tiene que cumplir la sentencia de la Unión Europea sobre la estiba, eso no significa acabar con los puestos de trabajo de los estibadores onubenses, sino que debe buscar el consenso laboral y social de los trabajadores con las empresas, que hasta el momento no ha sido posible”.

Así lo ha puesto de manifiesto tras el encuentro mantenido con representantes sindicales del sector de la estiba en la provincia, que han trasladado al Partido Socialista su preocupación y la insensibilidad del Gobierno del PP en su pretensión de aprobar una normativa de forma unilateral y por decreto, una medida que ha cogido por sorpresa a todos los sectores implicados, desde los puertos a los trabajadores, pasando por las sociedades de gestión portuarias (Sagep), que tienen contratados a todos los estibadores.

Por ello, Pepa González Bayo ha incidido en que “si bien es necesario adaptar el trabajo de la estiba en los puertos a los requerimientos fijados en las sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, también el Ejecutivo central debe escuchar a los trabajadores y sindicatos para llegar entre las tres partes a un acuerdo y poder negociar con la Comisión Europea la adecuación a la sentencia europea”.

Por tanto, “esperemos que sea sensible a esta situación y tenga actitud de diálogo para no hacer recaer todo el peso sobre los trabajadores”. En esta línea, ha recordado que “el Gobierno central ha tenido más de cinco años para afrontar y negociar este cambio normativo con consenso, ya que el primer requerimiento de la Comisión Europea se produjo en noviembre de 2011”.

Para la diputada nacional, “es lamentable que el Ejecutivo central pretenda ahora resolver este asunto de manera acelerada, mediante decreto y sin tener en cuenta las negociaciones que mantenían empresas y sindicatos y sin informar tampoco a las autoridades portuarias, que son las responsables de la gestión de los puertos”.

Aunque la futura norma afecta directamente a un colectivo de 6.156 trabajadores en España, su incidencia es muy amplia, ya que canaliza el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país. Y, además, de ellos depende también buena parte del transporte de mercancías por carretera y ferrocarril.

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