Regantes anuncian protesta ante la sede del PP

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La plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva ha mostrado su “decepción” con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, “por haber incumplido su promesa de que el trasvase de 4,99 hm3 llegara a todos sus beneficiarios, algo que a día de hoy no se ha producido”.

“El pasado mes de septiembre, la entonces ministra en funciones anunció en pleno corazón de Doñana, en la finca de los Mimbrales, ante una representación de esta plataforma y los medios de comunicación que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) estaba solucionada, algo que no ha ocurrido”, ha lamentado el presidente de la plataforma, Cristóbal Picón, en un comunicado.

A pesar de que “dijo en Almonte que el agua del trasvase llegaría para todos sus beneficiados”, ha insistido Picón, a lo que ha añadido que “hay 366 hectáreas que no reciben agua, pese a haber sido reconocidas en el proyecto inicial y ser todas de regadío según marca el Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana”.

La ministra, en Los Mibrales.

La ministra, en Los Mibrales.

A su juicio, esto supone que “una gran cantidad de agricultores se están enfrentando a una nueva campaña sin garantías de agua de riego, a pesar de las promesas que nos daban tranquilidad para toda la temporada”, indicando además el presidente de la plataforma que “esas hectáreas
que a día de hoy no tienen agua superficial por la problemática con la DIA han sido plantadas porque recibimos el compromiso del Gobierno central de que ya estaba todo solucionado y que era cuestión de días”.

“Pero no sólo nos han mentido con la DIA, sino que tampoco han llegado las concesiones de agua para la Comunidad de Regantes Condado, cuando dijeron que estarían disponibles esta campaña”, ha expuesto Picón. Por ello, “los agricultores del Condado se sienten engañados por la
Administración y la clase política”, motivo por el que la plataforma está coordinando la celebración de asambleas para informar al resto del sector de la situación que atraviesan estos agricultores y poder cerrar la fecha de una manifestación frente a la sede del PP en la capital.

“La situación es muy grave”, ha explicado Picón, quien ha añadido que “los nervios de los afectados van subiendo de tono cada día sin que recibamos una solución”. Para Picón, “la época más dura” llegará cuando acaben las lluvias y suban las temperaturas, a partir del mes de marzo, “cuando no haya agua para regar y estos agricultores volverán a vivir
una situación desesperada”.

Por este motivo, Picón ha solicitado “que el Gobierno central cumpla sus promesas con este sector y nos dé tranquilidad para poder trabajar y generar riqueza a nuestra provincia, que es nuestro único objetivo”.

“PROMESAS INCUMPLIDAS”

En este sentido, el presidente de los regantes del Condado ha recordado que hasta en seis ocasiones la plataforma ha solicitado por escrito al Ministerio de Medio Ambiente que se mantuviera una reunión de urgencia en Madrid para buscar fórmulas que diesen como resultado la puesta en riego de estas tierras “y no ha sido posible”.

El representante de los agricultores del Condado ha subrayado que se trata solo de “un trámite administrativo” el que se necesita para desbloquear estas hectáreas y contar con una modificación de la DIA para recibir agua superficial proveniente del Tinto, Odiel y Piedras. Por tanto, considera que “no se puede entender que estas 360 hectáreas de berries cuenten con el beneplácito del Plan Especial de los Regadíos de la Corona Norte de Doñana, el POTAD y la Ley Forestal del 92, que tengan concesiones de riego pero que no puedan regarse por un trámite meramente burocrático”.

Por otro lado, Picón ha recordado que “existen otros temas pendientes que nos preocupan, como es el retraso en otorgar las concesiones de agua subterránea para 2.700 hectáreas que se prometió a la Comunidad de Regantes Condado, creada expresamente para gestionar este recurso en el Condado, y que no han llegado”, así como la inactividad en las acciones para tramitar la ley que haga posible la transferencia de 15 hm3 al Condado.

“Se nos prometió que en cuanto hubiera Gobierno en España era cuestión de ponerse a trabajar y no vemos movimientos en este sentido”, ha lamentado Picón. En este punto, ha incidido en que el periodo de lluvias está beneficiando al cultivo “pero somos conscientes de que la campaña de exportación de fruta ya está en marcha y de que las necesidades de agua se incrementan en los próximos días, con el perjuicio que ello supone para el negocio”.

El trasvase llega ya a cerca de 500 hectáreas y se han cerrado casi 300 pozos de agua subterránea, que ha sido sustituida por agua superficial “con el beneficio que ello supone para el entorno y la tranquilidad que da a los agricultores”. La llegada del agua a estos agricultores aún excluidos del proyecto permitirá el cierre de 135 pozos más.

El anuncio de solución fue lanzado por Fátima Báñez el pasado 28 de septiembre en la finca de los Mimbrales, en Almonte, comprada por el Gobierno para disponer de 6,8 hm3 de agua subterránea y aliviar el acuífero.

RESPUESTA DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

 

Por su parte, la subdelegada en Huelva, Asunción Grávalos, ha destacado que ha sido el Gobierno del presidente Rajoy y la ministra Báñez el “único” que ha respondido a las demandas históricas del sector agrícola onubense y ha llevado agua superficial para regar los cultivos de la comarca del Condado, al tiempo que ha reiterado que los regantes del Condado “cuentan con el apoyo de este Gobierno desde el minuto uno”.

Grávalos ha recordado que los regantes del Condado llevaban 30 años “predicando en el desierto” hasta que el Gobierno decidió en 2013 “apostar decididamente por la agricultura de Huelva” e iniciar todo el procedimiento necesario para poner en marcha las obras del trasvase, “que ha permitido transferir por primera vez en la historia agua superficial de la cuenca del Guadiana al Guadalquivir para las explotaciones del Condado”.

“El Gobierno ha cumplido su palabra y después de 30 años clamando en el desierto, los regantes del Condado han tenido respuestas tan reales por parte de este Gobierno como un trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos”, ha subrayado Grávalos, quien ha insistido en el compromiso del Ejecutivo por hacer realidad la transferencia de 15 hm3 comprometido con el sector “tan rápido como sea posible y se cuente con el respaldo del resto del arco parlamentario, a través de una ley de trasvase”.

160 millones de inversión

Junto al trasvase del Condado, la subdelegada ha recordado la operación de compra de la finca de Los Mimbrales que suma 12 hectómetros cúbicos de agua para regar los cultivos de la comarca, así como las obras de construcción de la presa de Alcolea, que garantizará el agua necesaria para nuevos cultivos en la provincia y consolidar la agricultura del Condado, a la vez que se preservan los acuíferos que alimentan el Parque Nacional de Doñana.

“El trasvase del Condado, la compra de la finca Los Mimbrales y la presa de Alcolea por sí solos suponen una inversión del Gobierno de España de 160 millones de euros en la provincia de Huelva”, ha enfatizado Grávalos, tras afirmar que esta inversión es una demostración de la “apuesta firme y palpable del Gobierno por la agricultura onubense y su capacidad de generar empleo y riqueza”.

Asimismo, la subdelegada ha incidido en que el Gobierno ha puesto en marcha “todas las soluciones posibles” a los problemas generados desde que la Junta de Andalucía aprobó en diciembre de 2014 el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana y ha recalcado que lo que al inicio de la legislatura pasada “era un problema histórico irresoluble” se ha convertido en una intensa actividad por parte del Gobierno “para hacer compatible el desarrollo económico de la provincia de Huelva y la conservación de un espacio natural único en el mundo como es Doñana”.

En esta línea, Grávalos ha recordado que la Junta de Andalucía tardó cerca de 10 años en aprobar el Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Forestal de Doñana “y después de una década y tres presidentes andaluces –Chaves, Griñán y Díaz– la Junta dejó fuera unas 300 hectáreas”.

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