Mantienen acusación por mutilar rabos y orejas a perros

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La Fiscalía de Huelva se opone al sobreseimiento de la causa abierta a raíz de una investigación del Seprona de la Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Ears’, en la que se detuvieron a unas 32 personas –seis veterinarios y 26 cazadores– en 2016 por supuestamente mutilar rabos y orejas a perros en la provincia onubense.

Esta operación ha dado lugar a diez procesos distintos en diversos partidos judiciales de Huelva: cinco en Aracena, uno en la capital, tres en La Palma del Condado y uno en Moguer, y la defensa además ha sido asumida en casi todos los casos por los mismos letrados contratados por la Asociación Española de Rehalas, según reza en un informe realizado por la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía provincial de Huelva sobre el maltrato animal, al que ha tenido acceso Europa Press.

La citada asociación ha formulado peticiones de sobreseimiento, basadas en que las amputaciones se realizaban por veterinarios están amparadas en la ‘tradición’ en relación a las rehalas de perros podencos paterninos y en la supuesta interpretación administrativa del artículo 4 de la Ley 11/2003 de Protección Animal, realizadas con carácter general y en beneficio del animal; y finalmente, por el principio de intervención mínima que exige que las conductas sean sancionadas en todo caso en el ámbito administrativo.

Sin embargo, la Fiscalía no comparte estos argumentos y asegura que, en relación con práctica de las amputaciones, la regulación que rige en Andalucía prohíbe practicar mutilaciones con fines exclusivamente estéticos o sin utilidad alguna salvo las practicadas por veterinarios en caso de necesidad, indicando además que cualquier tipo de mutilación en perros por fines estéticos está prohibida con carácter general y, en caso de necesidad, sólo las podría practicar un veterinario, acreditando dicha necesidad en certificado oficial.

A su vez, en cuanto a la realización de las amputaciones por veterinario, la Fiscalía recuerda que dicha intervención fue puesta en duda por los agentes de la Guardia Civil actuantes, debido a que la certificación de todas las intervenciones normalmente se realizan con carácter general y certificadas todas juntas en papel no oficial.

Al respecto, recuerda que estas causas de maltrato animal derivadas de las amputaciones de rabo y orejas devienen de la presentación por parte de investigados de certificados veterinarios falsos, estando imputados diversos profesionales por estas prácticas en toda la provincia.

En los casos que se dicen practicadas por veterinarios, después de manifestar éstos que las intervenciones las han practicado todas en diversos momentos y guardan ficha de todas ellas, por motivos de urgencia o higiénico-sanitarios, añade que siempre han practicado estas mutilaciones al entender que estaban permitidas en base a una supuesta interpretación que de la Ley de Protección animal se realiza según un documento emitido desde Consejería de Gobernación, desconociendo el cargo de quién realiza esta interpretación, la vinculación administrativa de dicha interpretación y si la misma ha sido posteriormente ratificada o desmentida.

En otro orden de cosas, la Fiscalía también se refiere a los equinos. En 2016 han sido condenados cuatro personas por delito leve, debido a no proporcionarle alimentos. En estos casos, al igual que en los delitos menos graves, es esencial la labor de detección del Seprona de los hechos delictivos, así como la de las asociaciones en defensa de los animales, entre las que destaca ‘El refugio del burrito’, que proporciona asistencia veterinaria, cobijo y alimentos a estos animales.

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