Fiscal inaugura en Huelva los encuentros urbanísticos sobre la LOUA

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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha inaugurado en Huelva las jornadas ‘Bases para un nuevo urbanismo en Andalucía. Proceso participativo para la elaboración de la nueva Ley Urbanística de Andalucía’, unas jornadas que se desarrollan durante estas semanas en las ocho provincias andaluzas. Junto a Huelva, ya se han desarrollado en Almería, Cádiz, Granada y Sevilla.

José Fiscal ha destacado la alta participación de estos encuentros provinciales, en los que se congregarán alrededor de unas mil personas interesadas por debatir, analizar y realizar propuestas con las que modificar la LOUA. El consejero ha indicado que la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) necesita de una modificación para que se simplifiquen y agilicen los trámites administrativos, y para que se adapte definitivamente a los nuevos tiempos. Fiscal entiende que dada su complejidad, es imprescindible contar con la opinión y participación de todos los actores que intervienen en el urbanismo, de ahí que se abra este proceso participativo para modificar la LOUA.

Jornada LOUAJosé Fiscal ha recalcado que desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se tiene claro que la LOUA necesita una revisión, tanto por los plazos de tramitación actuales, que supone que un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se resuelva en más de ocho años, como por la necesidad de profundizar en el principio de autonomía local ya que  hay decisiones urbanísticas que se abordan mejor en el ámbito local.

El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se ha mostrado convencido de que con la nueva LOUA se aspira a reducir los plazos actuales de tramitación a la mitad, de manera que la elaboración de un PGOU pueda sustanciarse en los cuatro años que comprenden un mandato municipal.

El titular de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Como ha recordado que el espíritu de consenso y diálogo que se le quiere imprimir a todo el proceso quedó demostrado el pasado mes de diciembre cuando empresarios, sindicatos, colegios profesionales, vecinos, consumidores, la FAMP y la CMAYOT suscribieron un decálogo con el objetivo claro de agilizar la tramitación urbanística, una asignatura pendiente y una reivindicación ampliamente compartida por alcaldes, resto de administraciones, empresarios o profesionales.

José Fiscal ha insistido en que el objetivo pasa por construir el consenso necesario para iniciar esa revisión, ya que se trata trata de dotar de un nuevo marco a una actividad como la urbanística que tanta incidencia tiene sobre el territorio, la economía, el empleo, los ayuntamientos y los ciudadanos.

IZQUIERDA UNIDA

Por su parte, la coordinadora del Área Andaluza de Medio Ambiente de Izquierda Unida, Pepa Beiras, ha declarado que el proceso para modificar la actual Ley de Ordenación Urbana de Andalucía “sólo está sirviendo para que la Junta de Andalucía cumpla con las exigencias del sector inmobiliario andaluz”. Beiras ha precisado que en estos años de crisis, Andalucía ha crecido urbanísticamente más que en el resto de España, y que España lo ha hecho más que Italia, Francia y Alemania juntas. Por tanto, esto demuestra que “con la legislación actual en materia urbanística, aunque digan que los trámites son lentos, paradójicamente se ha permitido que seamos muy rápidos a la hora de construir”.

Esta posición crítica de Izquierda Unida respecto a la modificación de la LOUA fue expresada por parte de Pepa Beiras durante un encuentro convocado por la Consejería de Ordenación del Territorio para recabar aportaciones para dicha modificación.

Beiras destaca que la legislación andaluza en materia urbanística lleva una decena de modificaciones a sus espaldas, “muchas de ellas formuladas sin que se hayan publicado los correspondientes reglamentos, como ocurrió con la modificación del último verano. Según la representante de Izquierda Unida esta situación genera un “descontrol urbanístico en Andalucía que está siendo permitido por parte del Gobierno andaluz, ante las presiones de los intereses económicos”.

 

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