UPU propone la revisión de las plusvalías de los últimos 4 años

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El presidente de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino, va a presentar una moción a debatir en el próximo pleno solicitando que el ayuntamiento inicie de oficio la revisión de las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, mas conocido como Plusvalía Municipal, de los últimos 4 años al objeto de determinar si respeta el criterio establecido por la Sentencia de 16 de febrero de 2017  del Pleno del Tribunal Constitucional.

Según consta en el texto de la moción, el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia, de 16 de febrero de 2017, declarando inconstitucionales parte de las normas del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal) de la norma foral tributaria local de Guipúzcoa (Norma Foral 16/1989, de 5 de julio), en el caso de que no haya habido objetiva y realmente un incremento, sino una disminución del valor de los terrenos.

Según la exposición de motivos de la propuesta, a ningún operador se le escapa que en las numerosas cuestiones de constitucionalidad planteadas ante el Tribunal Constitucional por Juzgados y Salas de lo Contencioso de toda España, el criterio que seguirá el Alto Intérprete de la Constitución será el mismo.

Según Hernández Cansino “el Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía municipal en términos cotidianos) es un tributo local que grava dicho incremento cuando se produce la transmisión de un inmueble”. Para facilitar la liquidación y gestión del Impuesto a las entidades locales la ley establece un mecanismo muy simplificado que no tiene en cuenta el incremento real del valor, sino que presume que el incremento se ha producido y sobre el valor catastral aplica una fórmula que cuantifica la cuota tributaria teniendo en consideración esencialmente los años en los que se había gestado la teórica plusvalía. “Pero este mecanismo legal no tenía en cuenta el valor inicial y final, sino tan sólo el valor catastral actual y los años de titularidad, sin prever que pudiera no haberse incrementado el valor o disminuido éste, lo cuál es injusto y ahora declarado inconstitucional”, añadió UPU el portavoz municipal de UPU.

José Carlos Hernández argumenta en la moción que “hasta la crisis del llamado “pinchazo de la burbuja inmobiliaria” esto no planteó problemas, pues siempre se había incrementado el valor de los terrenos urbanos. Pero con la crisis y la pérdida de valor generalizado en los inmuebles -y con el gran número de las ejecuciones hipotecarias, en las que también se devenga el Impuesto pero cuyo precio suele ser inferior al de adquisición e incluso al valor de tasación- se produjeron casos dramáticos de pérdida -por ejemplo- de la mitad del valor de adquisición del terreno, en la enajenación de éste, y sin embargo había que pagar este Impuesto sobre “el incremento del valor de los terrenos”.

Según Cansino en Punta Umbría se agrava la situación “pues con la revisión catastral operada en 2009 se subieron ficticiamente esos valores catastrales sin tener en cuenta la explosión de la burbuja inmobiliaria”.

Ahora, el Tribunal Constitucional ha sentado el criterio de que -si se acredita que no ha habido incremento de valor- es inconstitucional exigir el Impuesto, pues no hay capacidad económica a gravar. Por fin, “el Tribunal Constitucional ha puesto en su sitio jurídico lo que en el sentido común estaba fuera de lugar: si el Impuesto grava un incremento de valor y éste no ha existido, no debe tributarse, aunque el imperfecto procedimiento liquidatorio arroje una cuota a ingresar” argumentó el líder de Unidos por Punta Umbría.

Por ello  “estimamos necesario que el Ayuntamiento dé un paso adelante y tome postura activa en la resolución de situaciones injustas producidas por una aplicación también injusta y ahora inconstitucional de este impuesto, y facilite a los ciudadanos la devolución de lo cobrado indebidamente” concluyó Hernández Cansino.

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