Alertan de la posible desaparición de los registros civiles en la provincia 

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(Texto: Federación Servicios a la Ciudadanía de CCOO Andalucía) Utilizando el engaño, el Ministerio de Justicia garantizó a los representantes sindicales el mantenimiento de la actual distribución territorial de las oficinas del Registro Civil abiertas en todas las cabeceras de partidos judiciales y juzgados y agrupaciones de paz.

Sin embargo, incumpliendo su compromiso, en la Conferencia Sectorial de Justicia, el ministro Catalá presentó a las Consejerías Autonómicas una propuesta de modificación de la Ley 20/2011, del Registro Civil (que entrará en vigor el 1 de julio de este año) con la siguiente redacción:

  • En cada Comunidad Autónoma o ciudad con Estatuto de Autonomía se ubicará al menos una Oficina General del Registro Civil. El Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en Administración de Justicia podrán crear en sus respectivos ámbitos territoriales, además, una Oficina General del Registro Civil por cada 500.000 habitantes.
  • Por razón de la singular distribución de la población o por las características del territorio, se podrán crear otras Oficinas Generales en cada Comunidad Autónoma.
  • En atención a las dificultades de acceso derivadas del carácter insular de sus territorios, Canarias y Baleares contarán en todo caso con al menos una Oficina General del Registro Civil en cada una de las islas en que exista un Registro Civil al entrar en vigor la presente Ley.
  • Corresponderá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia, en sus respectivos ámbitos territoriales, el diseño, creación y organización de las oficinas generales del Registro Civil.

Con esta redacción, en la provincia de Huelva únicamente estaría garantizada, en el mejor de los casos, una Oficina General de Registro Civil. Basta recordar que en la actualidad existen 79 oficinas de registro civil (una por cada municipio), de las cuales seis (Huelva, Aracena, Ayamonte, La Palma del Condado, Moguer, y Valverde del Camino) tienen competencias plenas.

Esto supone que queda al arbitrio del Ministerio de Justicia en su ámbito y de las CCAA con competencias en el suyo el mantenimiento de la inmensa mayoría de las actuales oficinas sin que quede garantizado un servicio cercano a la ciudadanía ni el empleo ni las condiciones de trabajo del personal que trabaja en los actuales Registros Civiles y Juzgados de Paz y Agrupaciones.

CCOO se va a dirigir por escrito a los y alcaldes y grupos municipales de las poblaciones que pueden verse afectadas a fin de que exijan al gobierno una rectificación inmediata y de que conminen a sus partidos políticos respectivos para que apoyen el mantenimiento de las oficinas del Registro Civil de todas las localidades.

Para CCOO la ciudadanía tiene que exigir a sus representantes políticos el mantenimiento de los Servicios Públicos gratuitos, universales y cercanos, evitando así, como se pretende con el cierre de centenares de oficinas del Registro Civil, desplazamientos a las oficinas de las grandes capitales o tener que recurrir a gestorías privadas para la tramitación de sus asuntos cotidianos.

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