Nuevo paso para la ampliación del CEIP Virgen del Carmen

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El pleno del Ayuntamiento de Cartaya ha aprobado la Evaluación Ambiental Estratégica de la modificación urbanística que liberará el suelo necesario para la ampliación del CEIP ‘Virgen del Carmen’ de El Rompido, en la parcela que el propio Consistorio ha cedido a la Junta de Andalucía para este fin.

Además, y en la misma modificación del planeamiento que hará posible la ampliación del centro, “ya hemos dado los pasos necesarios para crear una gran manzana docente para dar respuesta a las necesidades educativas del núcleo costero y resolver las demandas de los padres y madres de El Rompido, puesto que además de liberar la parcela de la ampliación incluimos el espacio para la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria, una infraestructura muy demandada también por los vecinos de El Rompido, y que cuando finalice el procedimiento ya iniciado, puede construir la Junta de Andalucía de inmediato”.

Así lo explicó el concejal de Urbanismo, Gabriel Maestre, mientras que el alcalde, Juan Miguel Polo, aseguró que “hoy es un día en el que nos llena de satisfacción poder decir a los vecinos de El Rompido que se ha dado un paso importante para que la ampliación del colegio y la futura construcción de un IES, que desde el Consistorio hemos solicitado también a la Junta de Andalucía, sea pronto una realidad”.

En materia educativa se aprobó también, con el voto favorable del Equipo de Gobierno y el grupo municipal de IU, y la abstención del grupo socialista, una moción de la alcaldía instando a la Junta de Andalucía a que paralice la aplicación del Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de Medidas Urgentes para favorecer la escolarización infantil en Andalucía, que afecta a los Centros Escolares Infantiles conveniados y privados.

Según destacó el alcalde, “con este decreto, y según nos han trasladado los responsables de las guarderías cartayeras en una reunión celebrada esta misma semana, sólo se consigue debilitar al más necesitado puesto que la Junta propone un aumento de plazas que asciende a 12.500, pero el presupuesto no se amplía proporcionalmente, con lo que bajará notablemente el porcentaje de familias que recibirán las ayudas o subvenciones, lo que repercutirá directamente en la economía de las familias, que tendrán que pagar más por cada plaza”. La moción exige a la Consejería de Educación, entre otras cosas, que aumente el presupuesto de forma proporcional al aumento de las plazas que se oferten.

Cartaya recurre el Plan Corredor Litoral

En materia urbanística el pleno aprobó una moción del Equipo de Gobierno instando a la Junta a la desafectación de los sectores SUS C-3 y SUS M-1 del Plan Corredor Litoral de la Junta de Andalucía, que afecta a los proyectos del Garranchal y Nueva Cartaya. De esta forma, Cartaya se suma a los municipios que han recurrido esta norma, que según el concejal de Urbanismo, Gabriel Maestre, “supone que más del 60% del suelo destinado al desarrollo turístico de Cartaya queda aniquilado, con un perjuicio económico fundamental para el Ayuntamiento, puesto que estos planeamientos habían sido aprobados previamente, con todos los trámites pertinentes”.

En el caso del Ayuntamiento de Cartaya, explicó, “al perjuicio patrimonial importantísimo que supone la paralización de estos proyectos, se une las consecuencias gravísimas de la nefasta gestión económica del Equipo de Gobierno socialista, que cobró los 9 millones de euros que pagaron los promotores para dotar el terreno de sistemas generales, y los gastó en otros fines, actuando con una irresponsabilidad temeraria, puesto que ahora hay que reponer esos nueve millones de euros y el dinero saldrá del bolsillo de los cartayeros”.

El alcalde explicó al respecto que “lo que estamos intentando desde el principio es agotar todos los recursos y exigir a la Junta que rectifique o, en su defecto, que se haga cargo de las compensaciones económicas que se devengan de la aprobación de una norma que diez años después, vino a aniquilar unos proyectos que contaban con todos los requisitos urbanísticos exigibles, que se habían adaptado a la normativa vigente entonces, la LOUA, y habían incluso recibido el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo”.

El seguimiento del Plan de Ajuste Municipal y la aprobación de un Plan Prespuestario a Medio Plazo centraron el debate económico, que giró en torno al informe del interventor municipal, que destaca “la mejora económica de las arcas municipales, puesto que entre las conclusiones, este establece que se cumple el objetivo de estabilización presupuestaria, que la tesorería tiene un remanente positivo, y señala que el periodo medio de pago a proveedores se ha reducido de los seis años que me encontré cuando llegué a la alcaldía con la anterior corporación, en 2011, a los 27 días que tardan las empresas en cobrar las facturas desde que llegan a este Ayuntamiento, y a los 2,69 días que se tarda en pagar esas facturas desde que ya cuentan con el visto bueno de todas las firmas pertinentes y necesarias en cada caso”. Esto es señal, destacó el alcalde, “de la buena gestión económica que se está realizando, siempre desde la seriedad y la responsabilidad”.

Finalmente, el pleno dio luz verde a la aprobación de la Ordenanza para la implantación de la Administración electrónica en el Consistorio, un proyecto que ya empieza a ser una realidad y que contó con el apoyo de todos los grupos municipales.

 

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