Vecinos del Casa por Casa exigen soluciones a la Junta

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El presidente de la Asociación de Vecinos Marismas del Odiel, Matías Lazo, ha incidido este jueves en la importancia de que la Junta dé “una solución” a los beneficiarios del programa de viviendas ‘Casa por Casa’ de Santa Lucía, en Huelva, a la par que ha recordado “la precaria” situación de sus actuales viviendas, de ahí, a su juicio, la necesidad de que “puedan hacerse ya con las nuevas”.

En declaraciones a Europa Press, Lazo ha recordado que unos 70 vecinos se desplazaron este miércoles a Sevilla para asistir en el Parlamento andaluz al debate de dos iniciativas, –una presentada por el PSOE y otra por el PP–, relativa a esta cuestión, así como ha valorado que ambas salieran adelante con distintos apoyos. En concreto, el PP pedía a la Junta que “mantenga las condiciones” del ‘Casa por Casa’, mientras que los socialistas sostenían que se inste al Ministerio de Hacienda a eximir a los vecinos de las cargas tributarias correspondientes.

“Esperemos que se dé una solución a los vecinos porque sus casas están muy mal, con techos de uralita y ahora llega el calor”, ha remarcado Lazo, que ha expresado su confianza en que “las iniciativas aprobadas tengan algún resultado concreto”.

Los vecinos están pendientes de celebrar una nueva asamblea, para la cual no tienen aún fecha. Hay que recordar que en la anterior asamblea los vecinos decidieron por mayoría “seguir en la lucha” para que se “cumpla lo acordado” respecto al proceso de adjudicación de las cien viviendas incluidas en el programa ‘Casa por casa’.

Los vecinos decidieron apostar por la permuta de sus antiguas viviendas por las nuevas pero sin coste adicional y una gran parte decidió no acogerse a las medidas planteadas por la Junta.

En concreto, la Junta les planteó la opción de entrar en las viviendas con un alquiler social con un precio de unos 40 euros; un alquiler con opción a compra en el futuro, o bien, hacerse con la titularidad de las casas. No obstante, para ello, deben solicitar una subvención excepcional de las casas, tanto a la administración regional como al Ayuntamiento de la capital, ya que la Junta subvenciona el 90 por ciento y el Consistorio el diez por ciento restante para que puedan hacerse con las casas en propiedad.

Este aumento en su patrimonio conlleva la correspondiente tributación ante el Ministerio de Hacienda, que muchos de los vecinos al tener un situación económica de especial vulnerabilidad, no pueden costear.

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