Estudiarán soluciones de vivienda para evitar asentamientos ilegales

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El delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco José Romero, acompañado por el director general de coordinación de Políticas Migratorias de la Consejería de Justicia e Interior, Luis Vargas, ha presidido este martes el pleno del Foro Provincial de la Inmigración de Huelva. Durante el mismo se ha expuesto que las entidades que trabajan en esta materia en la provincia recibirán este año un total de 66.000 euros de la Junta, un diez por ciento más que el año anterior, para que puedan llevar a cabo sus programas de atención e integración de la población inmigrante en esta provincia.

A su vez, a nivel andaluz, la Junta sacará en breve una convocatoria con una cuantía de 500.000 euros aproximadamente, destinada a las provincias de Huelva, Granada y Almería para ofrecer soluciones habitacionales a personas que viven en asentamientos ubicados en distintas localidades.

En declaraciones a los periodistas, en el marco de este foro, el delegado de la Junta en Huelva, Francisco José Romero, ha subrayado que en el foro se ha llevado a cabo “un análisis profundo de la situación de Huelva” y que se van a estudiar “todas las iniciativas de los participantes” con el objetivo de ofrecer “posibilidades habitacionales a las personas que viven en los asentamientos ilegales”.

Romero ha recordado que este encuentro tiene como objetivo establecer un cauce de participación y debate de todos los agentes sociales implicados en el fenómeno de la inmigración para promover la integración social de las personas inmigrantes en el ámbito de la provincia. De igual modo, ha manifestado que también el Gobierno central “ha mostrado su apuesta por trabajar para proponer medidas habitacionales en las competencias del Estado, que son muchas”.

Por su parte, el director general de Coordinación de Políticas Migratorias ha señalado que “se trabaja con el horizonte de erradicar esta forma de infravivienda” y ha subrayado que “ya algunos ayuntamientos estudian establecer ordenanzas fiscales con algún tipo de bonificaciones para alquiler de vivienda destinada a la población inmigrante o algún espacio donde vivan de manera colectiva”.

En esa línea, Vargas ha anunciado que en breve saldrá la citada convocatoria. Al respecto, ha precisado que “la cantidad puede ser insuficiente, pero de esta manera rompemos esta inercia de no hacer nada nadie, y lo mismo que la Junta se implica también tienen que hacerlo los ayuntamientos y la patronal” porque, ha añadido, “esto sí tiene arreglo pero es lento, complicado y difícil”.

A su vez, ha hecho hincapié en que “para el desarrollo de esta orden de subvenciones se necesita de la colaboración de la administración local para el ofrecimiento de suelo o de infraestructuras para que permitan dar respuesta a esta situación que se da en unos 20 municipios agrícolas de Andalucía, receptores de mano de obra inmigrante”, ha puntualizado el director general.

Por último, ha matizado que también es importante “concienciar a la población inmigrante de que se puede vivir en unas condiciones dignas y no como si estuviran en una aldea de Senegal, tarea para la que se necesita de la colaboración de todos y de una planificación de trabajo que ronda los cuatro o cinco años”. El objetivo es “evitar también que se muevan de unos asentamientos a otros”.

En concreto, Vargas ha puesto como ejemplo a la localidad de Lepe, donde “conviven unas 5.000 personas de población inmigrante extranjera, de los que 1.500 viven en asentamientos”, no obstante “todo depende de los picos fuertes de las campañas agrícolas”.

El Foro Provincial de la Inmigración de Huelva cuenta con la participación de más de una veintena de miembros representantes de diferentes administraciones públicas, de organizaciones sindicales, de organizaciones empresariales, y entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el campo de la inmigración y la interculturalidad.

Entre sus principales funciones se encuentran las de mejorar la gestión de la diversidad, facilitar el diálogo y la comunicación entre la población inmigrante y la sociedad de acogida; formular propuestas y recomendaciones para promover desde las administraciones la integración social y conocer los programas y actividades que llevan a cabo los organismos públicos en esta materia.

SUBVENCIONES PARA 2017

El objeto de estas subvenciones es financiar programas destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de la población inmigrante, a fin de favorecer su integración laboral, económica y cultural en el ámbito de las competencias de la Consejería de Justicia e Interior dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro.

En la convocatoria de este año se priorizan los proyectos que atiendan una necesidad inmediata, especialmente aquellos que contemplen a jóvenes extutelados, niñas o mujeres de origen inmigrante y cualquier otro colectivo de especial vulnerabilidad o grupos que residan en núcleos chabolistas o bien que sufran graves carencias.

Además, en la convocatoria de subvenciones se recomienda el fomento de la cultura de trabajo en red, de tal forma que los proyectos que la incluyan obtienen una mayor valoración para la obtención de una subvención.

Las solicitudes de estas subvenciones pueden cumplimentarse en la página web http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/servicios, o presentarlas en los registros de la Junta.

La Consejería de Justicia e Interior trabaja en el ámbito de sus competencias por la integración de la población inmigrante en Andalucía mediante el fomento de la convivencia, del respeto a la diversidad y de las relaciones interculturales. Por ello, el apoyo al movimiento asociativo resulta esencial para contar con un tejido conformado para la interlocución y el conocimiento de la realidad migratoria en nuestra comunidad.

El presupuesto de la Consejería de Justicia e Interior destinado a las políticas migratorias ha aumentado este año un 17,8 por ciento, hasta alcanzar los 3,3 millones de euros. Dentro de la previsión de las cuentas de 2017 se prevé la elaboración del IV Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, en el que se dará una especial relevancia a la variable de género, para lo cual se creará, dentro del Foro Andaluz de la Inmigración, una comisión específica que abordará la situación de las mujeres inmigrantes en la comunidad andaluza.

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