Aprobados los planes de emergencia para Fertiberia y Atlantic Cooper

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El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes graves por sustancias peligrosas correspondientes a dos fábricas del Polígono Industrial Punta del Sebo, en Huelva, y a las plantas industriales de Sensient Fragances, SA, y Knauf GMBH, en los municipios granadinos de Armilla y Escúzar, respectivamente. Con ellos son ya 63 las empresas de la comunidad que cuentan con estos dispositivos.

En el caso de Punta del Sebo, el plan afecta a las factorías de Fertiberia, SA, y Atlantic Cooper, SLU. La primera de ellas, dedicada a la fabricación de abonos y fertilizantes nitrogenados, tiene como principal sustancia de riesgo tóxico el amoniaco anhidro. La segunda, de transformación de concentrados minerales de cobre, incluye tanto plantas industriales como terminales marítimos y maneja materias potencialmente peligrosas para el medio acuático.

Por su parte, en las instalaciones de Sensient en Armilla se fabrican productos químicos aromáticos y aceites esenciales. Sus riesgos se asocian a sustancias tóxicas, inflamables o peligrosas para el medio ambiente.

Finalmente, el plan para la planta de Knauf GMBH en Escúzar garantiza la seguridad ante el riesgo de escapes de gas natural licuado, sustancia empleada para la fabricación de productos derivados del yeso.

Los planes de emergencia se diseñan en función de la cantidad de sustancias peligrosas (fijada según el tipo) que las industrias almacenan o usan en sus procesos productivos. Las empresas que ahora los implantan han superado los umbrales que marca la normativa debido fundamentalmente a la mejora o ampliación de sus instalaciones. Elaborados por la Consejería de Justicia e Interior en colaboración con las empresas, los planes permiten prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de posibles accidentes, además de hacer frente a situaciones que conllevan peligro para personas y bienes o riesgos graves de contaminación. Asimismo, se someten a informe del Consejo Nacional de Protección Civil e incluyen protocolos de intervención en función del tipo de incidente, las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas.

El objetivo es conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios para atajar cualquier incidente y minimizar sus efectos cuando la situación deja de ser controlable con los recursos de la empresa.

El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación. La decisión se adopta a criterio de la dirección del plan, que corresponde a la persona titular de la Delegación del Gobierno de la Junta en la provincia. Esta autoridad también decide tanto la categoría del siniestro como las actuaciones más convenientes para hacerle frente en cada momento.

El plan cuenta con un comité asesor de apoyo a la dirección, constituido por representantes de las consejerías de la Junta; un comité de operaciones encargado de ejecutar las órdenes y de movilizar a los servicios de emergencia necesarios, coordinado por la jefatura de Protección Civil en la provincia, y un gabinete de información.

Los medios humanos y materiales están integrados por los bomberos, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES 061, las policías locales, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta, así como el Grupo de Emergencia de Andalucía. Su despliegue se prevé a partir de un puesto de mando avanzado que se encarga de coordinar la labor de los grupos operativos formados por personal sanitario, de seguridad y de apoyo logístico, fundamentalmente. Toda la estructura de coordinación de efectivo corresponde al sistema de Emergencias 112.

Andalucía dispone actualmente de un plan territorial de emergencias de ámbito autonómico, aprobado en 2011, al que se incorporan otros planes específicos: el relativo a inundaciones y el de accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril (ambos vigentes desde 2004); los de contaminación del litoral y riesgos sísmicos (2008), y el de incendios forestales (2010), además de los 38 de emergencia exterior para un total de 63 establecimientos que manejan sustancias peligrosas (incluidos los aprobados hoy).

 

 

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