Pesadilla en Las Colinas: Ocupan vivienda con más de 20 perros

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Ocupación de Las Colinas en Isla Cristina (1)El Colegio de Administradores de Fincas de Huelva (COAF-Huelva) ha manifestado su “enorme preocupación” por el alcance de los casos de ocupación ilegal de viviendas que se sufren en la costa onubense y denuncia la situación ante el Defensor del Pueblo Andaluz.

Los Administradores de Fincas Colegiados ejemplifican esta gravedad con la denuncia de los vecinos de la urbanización isleña Las Colinas, que “viven una pesadilla que ha acaparado la atención nacional”.

El COAF-Huelva explica que “mención aparte merece, por la repercusión mediática en televisión nacional y regional, la “pesadilla” que viven desde hace año y medio los vecinos de la urbanización isleña Las Colinas, debido a la ocupación de dos viviendas unifamiliares por parte de dos parejas, una de ellas con más de 20 perros. Esta situación ha provocado angustia e impotencia entre quienes residen en el entorno de los inmuebles y esto se ha transmitido a todo el país en programas de máxima audiencia.

El problema principal se encuentra en dos viviendas anexas de las tres que acabaron en manos de un banco. La tercera vivienda ha sido tapiada por los vecinos ante el temor de que puedan irrumpir en ella los ocupas una vez sean desalojados. Tras varias denuncias, los vecinos afectados estudian acudir también por su cuenta al Defensor del Pueblo Andaluz en busca de amparo y temen que se produzcan desgracias personales dado el clima existente”.

CIENTOS DE VIVIENDAS OCUPADAS

El Colegio de Administradores de Fincas de Huelva vuelve a llamar la atención sobre los casos de ocupación ilegal de “extrema gravedad que han contado incluso con repercusión nacional” que se están sufriendo desde hace años en la Costa de Huelva y que “lamentablemente” no acaban de tener una solución contundente y pueden reportar “mala imagen a nuestra provincia”, lamentan desde el COAF.

Para denunciar estas situaciones anómalas el COAF resalta que, como expertos en Propiedad Horizontal y responsables de la gestión de cientos de comunidades en la provincia, se encuentran “muy solos al combatir este problema que se ha convertido ya en una verdadera lacra” y contra el que han acometido multitud de actuaciones. De esta forma, han denunciado ante el Defensor del Pueblo Andaluz diferentes situaciones que abarcan desde: defraudaciones de agua, luz y teléfono; daños al mobiliario público; alteraciones en la seguridad ciudadana con ruidos a altas horas de la noche; uso de las zonas comunes o la falta de limpieza e insalubridad en las comunidades que sufren la ocupación, pero desde la Oficina del Defensor se limitan a pedir informes a los Ayuntamientos.

Como antecedentes de las actuaciones que acomete el Colegio en su lucha contra la ocupación están las denuncias que se han presentado en 2015 y 2016 cuando se le traslada al Defensor Andaluz, “la falta de mayor compromiso de algunas administraciones y entidades para combatir mejor estas irregularidades”. Así, se han trasladado escritos a las diferentes áreas de los Ayuntamientos afectados, a la Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía pero ni ellos ni la agilidad de los tribunales y los procedimientos permite solucionar estos casos que, existe además en Huelva capital, Isla Cristina, el Condado y el resto de comarcas llegando a alcanzar con facilidad a cientos de viviendas ocupadas en la provincia.

La “connivencia perniciosa”

La titularidad de las viviendas ocupadas ilegalmente, como denuncia el COAF, pertenece a entidades bancarias o sus inmobiliarias que no suelen ejercer “su derecho de restitución” – donde la propiedad entre en posesión de la vivienda ocupada ilegalmente- ante las autoridades judiciales. El COAF lamenta que estas entidades ceden la gestión a otras mercantiles, que frecuentemente pactan alquileres con los mismos responsables de la ocupación ilegal “sin contrastar si esos vecinos están teniendo un comportamiento mínimamente cívico”. Todos estos casos podrían evitarse en cierta medida si las entidades bancarias pusieran los medios para evitar estas ocupaciones.

Desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, por su parte, remitieron un informe “bastante detallado” al COAF donde especificaron las intervenciones policiales y denuncias ante el juzgado de cada zona donde se da este fenómeno ilegal y se recordó que, desde la propia Subdelegación, se ha reforzado la presencia de las patrullas, incrementado los controles de acceso a las urbanizaciones y se ha aumentado la vigilancia. Sin embargo, como destaca Oria, se han tenido experiencias donde, como Administradores de Fincas Colegiados, han tenido que “actuar contra la ocupación ilegal para defender los derechos de los comuneros, excediendo en algunos casos nuestras propias competencias y hasta poniendo en peligro nuestra integridad física”.

Tanto el COAF-Huelva como institución, así como como diferentes Administradores Colegiados a título particular se han dirigido a los departamentos que se encargan de las ocupaciones de las entidades bancarias que ostentaban la titularidad de las viviendas en cuestión para trasladarles el “sufrimiento, malestar e inseguridad que padecen los vecinos que se enfrentan a esta situación, donde se registran numerosos episodios de tensión y violencia”, denuncia el Vpte. Del COAF.

Las entidades bancarias hacen “oídos sordos” a las reclamaciones y el COAF advierte de que las ocupaciones, suelen ir acompañadas de “un aumento de los robos y de situaciones de peligro derivadas de las conexiones ilegales a los suministros de luz, agua y gas”.

La denuncia como mejor arma contra la ocupación

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas, David Toscano, ya le trasladó a la subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, su “preocupación” por la ocupación ilegal de viviendas, sobre todo en la costa. En la reunión entre el COAF y la subdelegada, David Toscano abogó por establecer un protocolo de actuación para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) “actúen con determinación”, especialmente en aquellos casos en que se llega a “extorsionar a los legítimos propietarios para sacar provecho económico, pero ya sabemos que solo se pone en funcionamiento el protocolo de la Policía si hay denuncia previa”.
Desde el COAF se lucha por “despertar conciencias, tanto de las autoridades como en la sociedad” para poder poner fin a una situación que lleva “años implantándose” y que trae “problemas de salubridad, de seguridad y orden público, de violencia o drogas”, denunció Toscano hace escasas fechas. Esta problemática se ha recrudecido tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica, que ha dejado multitud de viviendas abandonadas por los bancos y “no están atendiendo al conjunto de obligaciones que tienen”, denunció Toscano.

La subdelegada del Gobierno, Asunción Grávalos, apostó por una mayor colaboración y coordinación con jueces y fiscales para agilizar todo el proceso, al tiempo que ha pedido a los administradores de fincas colegiados que “transmitan a los propietarios la necesidad de denunciar” para la activación de los juicios rápidos y que se impongan medidas cautelares. Como explicó Grávalos, la Policía Nacional o la Guardia Civil no puede proceder al desalojo de una ocupación sin que antes exista una denuncia por parte de sus propietarios, con la posterior orden judicial.

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