Ambientalistas ven “imposible” un cambio de uso del suelo calcinado

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El Colegio Profesional de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (Coamba), como máximo órgano de representación de los profesionales del Medio Ambiente en Andalucía, ha reaccionado a la “oleada” de comentarios que se están publicando en redes sociales en relación con la posible intencionalidad y los intereses que se podrían esconder tras el incendio declarado en el Espacio Natural de Doñana.

En este sentido, Coamba ha explicado en una nota que ha revisado la legislación vigente, concluyendo que en el territorio incendiado en el Parque Natural de Doñana el uso de suelo no puede ser modificado sin ser un cambio justificado aprobado por la comunidad autónoma o mediante una ley estatal, “lo que creemos poco probable tras las declaraciones últimas de los responsables políticos a nivel andaluz y del Gobierno”.

Según el colectivo, el Parque Nacional de Doñana fue creado el 16 de octubre de 1969, mediante el Decreto 2412/69. Dicho Parque Nacional está rodeado por el Parque Natural de Doñana, declarado por la Ley 2/1989 de 18 de julio. Ambos espacios, Parque Natural y Parque Nacional, conforman el Espacio Natural de Doñana, creado mediante la Ley 8/1999 de 27 de octubre.

La zona del Espacio Natural de Doñana catalogada como Parque Nacional se rige por la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, cuyo artículo 7 establece que “el suelo objeto de la declaración de Parque Nacional no podrá ser susceptible de urbanización ni edificación, sin perjuicio de lo que determine el Plan Rector de Uso y Gestión en cuanto a las instalaciones precisas para garantizar su gestión y contribuir al mejor cumplimiento de los objetivos del Parque Nacional”.

Por otro lado, la zona declarada Parque Natural está regulada por la Ley 2/1989 de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. Esta norma prevé que “la modificación de la clasificación del suelo no urbanizable en los Parques Naturales requerirá el informe favorable de la Agencia de Medio Ambiente (actual Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio)”.

La Ley 43/2003, de Montes, modificada por la Ley 21/2015, de 20 de julio, establece en su artículo 50 que queda prohibido el cambio de uso de los terrenos forestales incendiados, al menos durante 30 años. Entre las modificaciones incluidas por la Ley 21/2015, se establece que “con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso”.

No obstante, el artículo 2 de la Ley 43/2003, de Montes, establece que “los montes o fracciones de monte que estén incluidos en espacios naturales protegidos se rigen por su legislación específica, así como por las disposiciones de esta ley en lo que no sea contrario a aquella”.

Por lo tanto, en el caso de que el incendio llegara a afectar al Parque Nacional, no sería posible el cambio de uso del suelo, dado que la Ley de Parques Nacionales lo prohíbe. Por su parte, para aprobar el cambio de uso de la superficie incendiada perteneciente al Parque Natural, “resultaría necesario un informe favorable de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, tal y como se estipula en el artículo 15 de la Ley 2/1989”.

La Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, determina que “los terrenos forestales incendiados se mantendrán en la situación de suelo rural a los efectos de esta ley y estarán destinados al uso forestal, al menos durante el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Montes, con las excepciones en ella previstas”.

En este mismo sentido se ha manifestado la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien ha rechazado el “mito” de que España realice recalificaciones de superficies quemadas a causa de incendios, de acuerdo a la Ley de Montes de 2015. “En este país no hay recalificaciones por incendios ni incendios para la recalificación”, ha asegurado en un desayuno informativo de El Economista la ministra, que también ha negado que haya que modificar “ninguna política de recalificaciones” porque la afirmación de que los incendios se provocan para recalificar terrenos es un “falso tópico” de España.

Tejerina ha recordado que el 95 por ciento de los incendios que se producen en España son por el factor humano y que la mitad son intencionados, pero ha añadido que eso no quiere decir que se provoquen para que haya una recalificación del terreno, ya que ha incidido en que se necesitan 30 años para que esto sea así, aunque haya “excepciones”, como que el terreno sea considerado de interés público.

Por su parte, el portavoz de la Junta, Juan Carlos Blanco, ha recalcado, como ya ha dicho la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que desde el Ejecutivo andaluz no se va a “recalificar una sola hectárea de suelo quemado”, porque “no se puede por la ley y porque no quiere el Gobierno andaluz, ni es intención política ni voluntad de la administración”.

“No debe haber interpretaciones porque estamos hablando de una decisión política taxativa que además viene amparada por la ley, que dice exactamente lo mismo, de manera que cualquier otra interpretación en este sentido está de más”, ha sentenciado.

COAMBA MANTENDRÁ “ESPECIAL VIGILANCIA” EN EL ASUNTO

Teniendo en cuenta esta normativa y la información que ha trascendido hasta el momento, desde Coamba se considera que con el marco jurídico actual resulta “imposible” el cambio de uso del suelo en los terrenos del Parque Nacional de Doñana que pudieran verse afectados por el incendio.

En todo caso, si se producen estos cambios, desde el ente de ambientalistas se considerarán “no justificados”, puesto que “no hay motivos que justifiquen la excepcional tramitación de un cambio de uso del suelo en esta zona”.

 

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