Cuatro de cada 10 comunidades de vecinos de Huelva tiene morosos

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La morosidad global sufrida por las comunidades de propietarios de Huelva disminuyó un 7,82% en 2016 respecto al año anterior y se sitúa en los 23,05 millones de euros, frente a los 25 del 2015. Sin embargo, la situación no es nada buena, dado que cuatro de cada diez comunidades de vecinos tiene un moroso en el caso de Huelva, una de las cifras más elevadas a nivel nacional.

En cuanto a las entidades financieras la morosidad alcanzó los 5,23 millones de euros, lo que supone un descenso del 12,44% de su deuda y sitúan a Huelva como segunda provincia en la que más bajó dicha morosidad, después de la de Cádiz, que se sitúo en 12,83%.

Se enlazan así dos años de descensos, tras la subida de años anteriores, cuando llegó a subir el 12% en los años 2012 y 2013, según detalla el Estudio Global del Consejo General de Administradores de Fincas de España.

El COAF de Huelva vería muy útil una nueva Ley de Propiedad Horizontal para seguir combatiendo la morosidad en comunidades porque, aunque los datos muestran una disminución de lo que se adeuda, aún el 39,9% de las comunidades de propietarios tienen morosos. “Estos datos transmiten una situación que aqueja, por tanto, a casi la mitad de los vecinos de la provincia”, ha destacado el presidente del COAF-Huelva, David Toscano, quien reclama que, mientras llegan esos cambios normativos, “hay que ponerse a trabajar entre todos y cumplir con las normativas vigentes para paliar este problema”.

En España, el porcentaje de las comunidades de propietarios en las cuales las entidades financieras son las causantes de pagos pendientes alcanza el 7,29%, cerca del 50% de las comunidades en las que los bancos poseen alguna propiedad, que es del 16,59%.

Huelva, algo peor que la media nacional

La deuda global de todo el territorio nacional disminuyó un 8,5% con respecto al año 2015, alcanzando los 1.665,90 millones de euros. En cuanto a la deuda de los bancos en el país ha disminuido un 12,20% y se estima que asciende a 330,80 millones de euros, según el Estudio Global del Consejo General que detalla que el importe medio adeudado en cada comunidad es de 1.109 €

Los mayores descensos se han producido en Melilla (-9,90%), Ceuta (-9,10), Asturias (-9,56), Cantabria (-8,74), Castilla-León (-8,48); Castilla-La Mancha (-8,20); Andalucía (-8,05), Galicia (-8,4), Madrid (-8,10), Navarra (-8,29) y País Vasco -8,86. El resto de comunidades autónomas ha sufrido un descenso de la morosidad superior al 7%.
Freno a la rehabilitación y la accesibilidad en edificios
El alto índice de morosidad afecta considerablemente a las comunidades de propietarios en varios sentidos según destaca el pdte. del COAF de Huelva, y provoca que por la falta de liquidez no se puedan cumplir determinadas normativas en materia de rehabilitación o de eliminación de barreras arquitectónicas. “En ésta última materia más aún cuando el Real Decreto de fecha 1/2013 de 29 de noviembre que regula los derechos de las personas con discapacidad establece que las comunidades de propietarios deben tener a 4 de diciembre de 2017 eliminados los problemas de accesibilidad, cuestión de especial importancia para la mejora del parque inmobiliario”, explicó Toscano.

De igual manera, la morosidad provoca, además del no cumplimiento de la normativa vigente, “que no se puede llevar o cumplir con el día a día de la vida de las comunidades, provocando el impago de los servicios básicos de agua y luz, produciendo como efecto la ingobernabilidad de la finca y de sus condiciones de habitabilidad”, lamenta el portavoz de los Administradores de Fincas colegiados de la provincia.

Garantías de profesionalidad en la Administración de Fincas

Desde el COAF se recuerda a la sociedad onubense que “contar con un Administrador de Fincas Colegiado es una garantía para llevar adelante los trámites necesarios cuando hay que hacer una reclamación a un propietario moroso”. Además -concluyó Toscano- de ser “los interlocutores necesarios para entablar con los bancos las relaciones de mediación para que los mismos puedan cumplir con sus obligaciones de pago, y de camino intentar solucionar otra lacra más, surgida en los últimos años, como la ocupación ilegal, sobre todo de fincas propiedad de las entidades de crédito”.

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