Agbar, que gestiona Aguas de Huelva a través de Aquagest, saca su sede fuera de Cataluña

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La posibilidad de que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pueda declarar esta próxima semana la independencia unilateral de Cataluña ha provocado una reacción en cadena de numerosas empresas radicadas en suelo catalán que no quieren perder algo tan esencial para ellas como estar bajo el paraguas de la Unión Europea o bien despejar las incertidumbres que estaban lastrando en lo últimos días sus cotizaciones en la Bolsa.

Una de estas empresas, de gran simbolismo para el empresariado catalán, es la Sociedad General de Aguas de Barcelona SA (AGBAR), cuya relación con Huelva estriba en que gestiona desde el año 2010 a la principal empresa pública de la capital: Aguas de Huelva, a través de la empresa Aquagest.

El Consejo de Administración de la Sociedad General de Aguas de Barcelona, matriz de Aguas de Barcelona, decidía este pasado sábado seguir la estela de otras grandes corporaciones catalanas.El consejo aprobó trasladar “de forma temporal” a Madrid la sede del grupo para “preservar la seguridad jurídica de los inversionistas” de la corporación.

Agbar está controlada en un 100% por la filial española de la multinacional francesa Suez Environment, que ya trasladó a finales de 2015 su domicilio social de Barcelona a Madrid, aunque entonces explicó que el cambio de sede obedecía estrictamente a cuestiones “administrativas y organizativas”.

Agbar, a través de Aquagest, posee el 49% de Aguas de Huelva, tras la venta de este paquete accionarial por parte del Ayuntamiento de Huelva (gobernado entonces con mayoría absoluta del PP) en el año 2010, en plena crisis económica y con las arcas municipales acumulando números rojos y sin liquidez en muchos casos ni para pagar los gastos corrientes.

Aunque Aquagest se hizo con el 49% de la sociedad Aguas de Huelva, quedando el 51% restante en manos municipales, el contrato establecía que la gestión sería realizada por dicha empresa.

El acuerdo, por 25 años de explotación del servicio, supuso una inyección económica de 57,3 millones de euros para las arcas municipales y fue refrendado en el pleno municipal gracias a la mayoría absoluta del PP. PSOE e IU se opusieron a lo que calificaron de privatización de un servicio público esencial.

 

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