Anulado el contrato de la Ayuda a Domicilio de la Diputación

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David ToscanoEl Partido Popular de Huelva ha señalado este martes que la decisión del Tribunal de Recursos Contractuales de la propia Diputación Provincial de Huelva conocida hoy, mediante la que se anulan los contratos para la prestación de la Ayuda a Domicilio adjudicados por la Diputación de Huelva por más de 42 millones de euros a las empresas Edia y Deconsa, pone al descubierto, una vez más, el “compadreo” del PSOE en Huelva.

Por su parte, el equipo de gobierno del PSOE en el organismo provincial ha emitido un comunicado en el que asegura que “siguiendo la resolución del Tribunal Administrativo de Relaciones Contractuales (TARC), la Diputación impulsará la creación de una Comisión Técnica que estudie el modo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio y elaboren una propuesta que permita la prestación del mejor servicio”, según ha informado la diputada de Bienestar Social, Aurora Vélez.

PARTIDO POPULAR

El secretario general del PP de Huelva y portavoz del Grupo Popular en la Diputación Provincial, David Toscano,ha incidido en rueda de prensa que la resolución de este órgano justifica la anulación del procedimiento, tras el recurso de una de las empresas que concurrieron al concurso, al entender que “se vulneró la igualdad de trato” entre licitadores.

“Esa vulneración de la igualdad de trato –según el Partido Popular– sirvió para favorecer a la empresa que dirige la hermana de Mario Jiménez y pareja de Ignacio Caraballo –presidente de la Diputación– Teresa Jiménez, a la que se adjudicaron contratos por 19 millones de euros”.

Toscano ha recordado que “ya el Grupo Popular mostró en el Pleno de la Diputación sus reservas y sus dudas ante las posibles irregularidades que presentaba este concurso y el Tribunal de Recursos Contractuales de la propia Diputación Provincial nos ha dado la razón al tumbar esta adjudicación”.

El popular ha indicado a este respecto que “estamos viendo que el compadreo es el sello del PSOE en Andalucía y en Huelva” y ha subrayado que así lo ponen de relieve actuaciones como el fraude de los ERE en Andalucía, que va a sentar en el banquillo a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía; el caso del fraude de los cursos de formación, al que se ha vinculado al vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Fernández; el contrato adjudicado al sobrino del presidente del Parlamento andaluz;  las anulaciones de contratos en el servicio de Ayuda a Domicilio y en el pliego de Gestión Tributaria en la Diputación de Huelva; o el caso del presunto soborno de la moción de censura en Aljaraque por el que el secretario general del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo, ha tenido que declarar ante un juez en calidad de investigado.

Por todo ello, ha recalcado que “no sabemos qué más tiene que pasar en la Diputación Provincial de Huelva y en el PSOE de Huelva para que la secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tome medidas, porque estamos viendo todos los días en los medios de comunicación al PSOE bajo sospecha”.

RESPUESTA DEL EQUIPO DE GOBIERNO SOCIALISTA EN LA DIPUTACIÓN

Aurora VélezLa diputada Aurora Vélez ha señalado, a su vez, que la resolución de este órgano independiente “ha despejado cualquier duda sobre la transparencia del procedimiento”, aunque ha instado a su archivo, al considerar que el cómputo del IVA pudiera vulnerar el derecho a la igualdad de los licitadores.

La resolución, “que ensalza la postura de Diputación de hacer un uso eficiente y racional de los recursos públicos”, no justifica, según la diputada “la postura contradictoria” del Partido Popular, que formó parte de la comisión informativa celebrada al respecto el pasado 3 de noviembre y en la que se analizaron el pliego, el procedimiento y los criterios de selección generales y específicos de esta adjudicación “sin apreciar ninguna irregularidad”.

Vélez, que ha recordado que el concurso ha sido, además de transparente, “escrupulosamente respetuoso con la propuesta del informe técnico y aprobada en Pleno sin ningún voto en contra”, ha señalado que el contrato resultante suponía un ahorro a las arcas provinciales que podría haber rondado los seis millones de euros durante su ejecución. “Si el Partido Popular lo que quiere -señala la diputada- es que se le pague más a una empresa sin que ese incremento de coste repercuta en beneficio del ciudadano, que diga claramente”.

La responsable de Bienestar Social ha asegurado, que como ha manifestado el TARC, el resultado de la licitación hubiera sido el mismo computándose o no el IVA. Asimismo, ha advertido al Partido Popular que es “incomprensible” que una formación política responsable “quiera arrojar dudas y crear alarma sobre un servicio básico, que presta atención personal, doméstica y socioeducativa a más de 3.000 usurarios dependientes y genera un empleo indirecto en la provincia de alrededor de 1.300 auxiliares”.

Por todo ello, concluye Aurora Vélez, que atendiendo a la propia resolución y conscientes de la importancia de esta prestación, se va a constituir una comisión técnica, para estudiar el modo más eficaz de gestión de este servicio que Diputación presta desde el año 2008, en virtud de convenios con la Junta de Andalucía.

 

 

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