Declarado nulo el contrato de la ORA de Huelva adjudicado en 2013

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zona ora huelvaLa teniente de alcalde de Economía y Hacienda, María Villadeamigo; y el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Manuel Gómez Márquez, han exigido este lunes explicaciones al PP ante “los hechos extremadamente graves” cometidos por el anterior equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Huelva, en los términos que ha puesto en evidencia la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que declara nula de pleno derecho la adjudicación a la empresa Dornier SA en 2013 del contrato de gestión del servicio público de regulación de estacionamientos en la vía pública (ORA) y el de grúa. Un fallo judicial que da respuesta al recurso de apelación interpuesto por la entidad que quedó en segundo lugar en la licitación, Iberpark SA, y que constata la vulneración de los principios de igualdad, objetividad y transparencia en el proceso de adjudicación. “Esto huele muy mal, y lo peor de todo es que hablamos de un contrato con una vigencia de 20 años, hipotecando el futuro de los onubenses, generando indefensión a las empresas afectadas y una gran inseguridad jurídica para nuestro Ayuntamiento”, ha recalcado Villadeamigo, calificando de “escandaloso” que “dicho contrato se firmara antes de plazo y alterando los criterios de valoración que figuraban en los pliegos de condiciones del concurso”.

“Lamentablemente -ha señalado la concejala- este es nuestro día a día. El pasado del PP es nuestro presente. Tenemos que gobernar encontrándonos irregularidades así continuamente. Y más que nos seguiremos encontrando, con el coste que eso conlleva para este Ayuntamiento. La ciudadanía debe saberlo y el PP dar explicaciones cuanto antes”.

La teniente de alcalde se ha remitido al contenido de la sentencia del TSJA para apuntar a “una cadena de irregularidades” detectadas en dicho procedimiento, como la omisión de informes preceptivos cuyo contenido es determinante para la resolución; el incumplimiento de las prescripciones legales de la Ley de Contratos; error de la Administración en la modalidad de la contratación; o adjudicación del contrato obviando el informe de fiscalización, con causa que excluía del procedimiento de adjudicación a Dornier. Asimismo, se emitió el informe económico de valoración por un órgano manifiestamente incompetente en razón de la materia, como es el entonces jefe de la Policía Local; se alteraron los criterios de adjudicación y se omitieron en el expediente documentos como la memoria económica.

En palabras de Villadeamigo, “no es de extrañar que, llevando a cabo un procedimiento con tantas anomalías, el PP quisiera zanjar el asunto cuanto antes. Tanto es así que el propio juez señala que ‘llama poderosamente la atención la prisa en la adjudicación y su formalización antes de plazo’”.

Por todo ello, desde el actual equipo de Gobierno del PSOE se exige al PP en este Ayuntamiento, que cuenta con la responsable directa de esta atrocidad entre sus concejales, que explique a los ciudadanos por qué se saltó así la Ley y qué interés escondía adjudicarle los contratos a esta empresa”.

Por su parte, Gómez Márquez ha precisado que, a partir de este punto, “es necesario esperar a que la sentencia sea firme, pues aún cabe la posibilidad de que la adjudicataria recurra ante el Tribunal Supremo”. De declararse la firmeza del fallo del TSJA, el Consistorio anularía dicho contrato, en cumplimiento del mandato judicial, y abriría una nueva licitación.

Graves irregularidades

Entre otras cuestiones, durante el proceso de evaluación se fijaron subcriterios que no figuraban en los pliegos de condiciones de la licitación, infringiendo el principio de igualdad de oportunidades y transparencia establecido en el artículo 139 de la Ley de Contratos y el artículo 36 de la directiva 92/50, que exige que los posibles licitadores conozcan en el momento de preparar sus ofertas todos los factores que la entidad adjudicadora tomará en consideración para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y la importancia relativa a los mismos.

Además, como advierte Villadeamigo, resulta “cuanto menos llamativo que el jefe de la Policía Local de aquel entonces se encargase de elaborar informes de contenido económico-financiero para los que no tenía competencia. Redactó el pliego, elaboró la memoria económica e informó de la misma, asesoró sobre la justificación de las ofertas anormalmente bajas o desproporcionadas que sirvieron al órgano de contratación para no rechazar la oferta de la empresa finalmente adjudicataria”.

El pliego establecía hasta 38 puntos para valorar el proyecto técnico de gestión, descrito en distintos apartados, pero sin señalar la puntuación de cada uno de ellos. Una imprecisión, señala el juez, que le permitió de nuevo al jefe de la Policía Local otorgar una puntuación concreta en cada uno de ellos, creando apartados y puntuaciones que no se establecían en el pliego, dándole la puntuación máxima a la adjudicataria.

REACCIONES

GRUPO POPULAR

Carmen SacristánEl Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva ha asegurado, ante la sentencia del TSJA relativa al procedimiento de adjudicación del Contrato de zona ORA por la que el Grupo Municipal Socialista ha pedido explicaciones al equipo de gobierno anterior del Partido Popular, que dicho procedimiento administrativo fue avalado por el Mesa de Contratación, en la que estaban representados todos los grupos políticos, el interventor y el secretario municipal, y que, incluso, el representante del PSOE alabó la “pulcritud y exactitud” del expediente presentado por los técnicos.

Así lo ha señalado la concejal del PP, Carmen Sacristán, quién ha aclarado que desde el Grupo Municipal “mostramos nuestro respeto absoluto a las decisiones judiciales, tanto a la del TSJA como a la del Contencioso Administrativo, emitida con anterioridad, que sobre la misma cuestión tienen posturas diferentes”.

En cualquier caso, ha apuntado Sacristán, “y a la espera de lo que pueda decir el Tribunal Supremo, ya que cabe recurso por parte de la empresa adjudicataria, la sentencia del TSJA se refiere exclusivamente cuestiones puramente administrativas”.

Sacristán ha explicado que “las adjudicaciones de los contratos públicos se llevan a cabo por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento, el órgano colegiado del que forman parte todos los grupos municipales, el interventor y el secretario, que son los encargados de velar por la legalidad del procedimiento”.  Así, ha añadido que  “los informes elaborados por los técnicos no responden al capricho de un técnico en cuestión, sino que son emitidos a solicitud de la Mesa de Contratación que ratifica o no los mismos, con la intervención del secretario y el interventor del Ayuntamiento”.

Una vez aclarado este punto, Sacristán se ha referido a las acusaciones políticas, sobre una cuestión puramente administrativa, realizadas por el PSOE en relación a este procedimiento de adjudicación.

A este respecto, la concejal del PP ha afirmado que  “es mentira que el PSOE votara en contra o se opusiera a la propuesta de adjudicación, como así consta en el acta del Pleno de 25 de septiembre de 2013, concretamente en el punto 26”. Asimismo, ha recordado que “en la mesa de contratación, de fecha 2 de agosto de 2013, en la que se acordó la adjudicación del contrato (acuerdo previo al Pleno donde se aprueba) consta expresamente el voto favorable a la propuesta de adjudicación de PP, IU, el interventor y el secretario a la propuesta de adjudicación, y la abstención del PSOE”.

Sin embargo, ha añadido, “en el acta de dicha mesa consta expresamente la intervención del representante socialista,  en el que quiere dejar constancia de su felicitación pública a los técnicos (jefe Policía, interventor y secretario) por la ‘pulcritud y exactitud’ del expediente”.

Sacristán también ha recordado que “en todos los contratos del Ayuntamiento, la parte económica del informe técnico es realizada por el técnico del área correspondiente a propuesta de la Mesa de Contratación, en este caso el Jefe de Policía, informes que no son vinculantes, sino que tienen que ser ratificados por la Mesa de Contratación de la que forma parte el máximo responsable económico del Ayuntamiento, el interventor”.

Asimismo, la edil del PP ha querido añadir que “por parte del Grupo Municipal del Partido Popular se ha solicitado el acta de dicha Mesa de Contratación de 2 de agosto de 2013, e instamos al equipo de gobierno a que haga entrega de la misma a los medios de comunicación para que comprueben quién miente en sus declaraciones”.

Grupo Ciudadanos 

19-07-2017 María Martín.Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva ha querido hacer unas primeras valoraciones sobre la sentencia del tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) frente a la licitación de la zona ORA.

Para María Martín Leyras, portavoz del Cs en el ayuntamiento, “la sentencia es un claro varapalo a la gestión del consistorio anterior, con acusaciones bastante graves, que de ser ciertas traerán consecuencias seguras”, en referencia a lo que el alto tribunal ha juzgado, la forma en cómo se licitó.

Tras las declaraciones hechas hoy en rueda de prensa por el equipo de gobierno, la portavoz de Cs  “se sorprende de las duras declaraciones hacia el PP, a la vez que verbalicen que ya sospechaban lo ocurrido, vaya oposición que eran entonces. Lo que no es menos grave es que en estos dos años que llevan de gobierno, cada vez que hemos ido con medidas o quejas, nos dijeran que el contrato era leonino y no se podía hacer nada. Al final parece que estaban esperando la sentencia para este juego del y tú más,  y mientras los onubenses sufriendo una zona ORA poco justa y equitativa”

 

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