La Audiencia confirma el procesamiento del ex delegado de Empleo

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La Audiencia Provincial de Huelva ha ratificado la resolución del instructor de la pieza política por el fraude en los cursos de formación de la Junta, que en el caso de Huelva sigue viva y continúa su tramitación en la antesala de la solicitud de apertura de juicio oral, pendiente de la posición que vaya a tomar la Fiscalía, según publica la periodista Rosa Font en la web www.pagina3huelva.es y el diario ABC.

Año y medio después de que el titular del Instrucción 5 de Huelva –encargado de la investigación-, Javier Romero, dictara auto de transformación en procedimiento abreviado de la causa y procesara a siete altos cargos de la Delegación de Empleo de la Junta en la provincia, la Audiencia Provincial viene a ratificar la resolución del instructor, según han confirmado página3 y ABC por fuentes judiciales.

En el referido auto, el juez procesa por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al ex delegado de Empleo de la Junta y director del SAE en Huelva, Eduardo Muñoz García, y a otros seis cargos del mismo departamento. En la lista figuran el Secretario General de Empleo, José Martínez Iglesias; al Jefe del Servicio de Formación para el Empleo (José Ángel Gil Flores); el Jefe del Departamento de Análisis, Programación y Formación Continua (Manuel María Velázquez Cabrera), además de dos técnicos de la Comisión de Valoración y la persona en cuyas manos recaía la justificación económica de las subvenciones.

En este tiempo, se han sucedido los recursos por parte de las representaciones legales de los investigados, hasta llegar a la Audiencia Provincial –Sección Primera- el pasado año, que ha venido a dictar un nuevo auto respaldando las posiciones que se recogen el juez Romero en su auto.

Una vez trasladada la confirmación de esta resolución a las acusaciones en la recta final del pasado año, la Junta ha respondido solicitando el sobreseimiento de la causa – como hizo anteriormente- y se está a la espera del escrito del Ministerio Público. En fase anterior, la Fiscalía solicitó la desestimación de los recursos.

 

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