Salvemos Doñana lamenta la falta de compromiso del Gobierno con el parque

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Ante la intervención del Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, este pasado miércoles en la comparecencia extraordinaria ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, para valorar la situación del proyecto Marismas de almacenamiento subterráneo de gas en Doñana, Salvemos Doñana lamenta la falta de compromiso con Doñana por parte del Gobierno y que aún no haya cancelado cautelarmente el proyecto Marismas de almacenamiento de gas.

La Plataforma ciudadana considera que el ministro Álvaro Nadal desaprovechó una magnífica oportunidad para anunciar la cancelación del proyecto asumiendo con ello su responsabilidad ante la inviabilidad del mismo que reflejan los últimos informes del IGME y del CSIC, aprovechando sin embargo para invitar a la Junta de Andalucía a responsabilizarse en el ámbito de sus competencias.

El contenido de los informes del Instituto Geológico y Minero de España, IGME, y del Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, son contundentes respecto a los posibles riesgos sísmicos, de inundación y de contaminación, pero el primero aún no ha sido puesto a disposición de los grupos políticos ni de la ciudadanía para su conocimiento y difusión.

La Plataforma Salvemos Doñana considera que el ministro Nadal acusó una clara falta de conocimiento de la ubicación del proyecto en sus cuatro subproyectos y del procedimiento administrativo.

La única cuestión que la plataforma ciudadana encuentra positiva es la afirmación del ministro de que el Gobierno no dará licencia de funcionamiento si el proyecto Marismas genera dudas y no es apoyado por la Junta de Andalucía, por lo que debe ser impecable en el cumplimiento de los requisitos que se establezcan por el IGME y el CSIC.

 

PARTIDO SOCIALISTA

Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Pepe Fernández, ha lamentado “la ignorancia y el desconocimiento” que ha demostrado el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, quien llegó a reconocer en la comisión que abordó el proyecto de Gas en Doñana, a requerimiento de nuestra diputada Pepa González Bayo, que él no sabía de quién era competencia emitir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), y en su disertación responsabilizó a la Junta de Andalucía, algo que le tuvieron que corregir los diputados de otros partidos políticos.

Ello demuestra, a juicio de Fernández, un “desconocimiento absoluto” de las competencias que tiene la Administración General del Estado. El ministro se amparó en que no es su ministerio, sino que es el de Medio Ambiente el que tiene la tarea de declarar la DIA, pero resulta que es Industria quien tiene las competencias en materia de hidrocarburos, por tanto, “es deber del ministro conocer los detalles de un proyecto tan importante en el que hay varios ministerios implicados”. Por tanto, “que no engañen más y accedan a realizar una evaluación de impacto conjunta sobre los cuatro subproyectos, algo que no parecen tener la voluntad de hacer desde el Gobierno central porque saben que el resultado sería muy distinto”, ha dicho

Fernández ha aclarado y recalcado que la DIA corresponde al Gobierno, mientras que la Junta solo tiene que emitir, a partir de ese documento que dicta la Administración central, su Autorización Ambiental Unificada (AAU). Por ello, con la DIA favorable, la Junta autorizó Marismas Occidental porque, al estar fuera del Parque de Doñana, no pudo alegar nada en contra. Pero hay dos de los cuatro subproyectos que están dentro del espacio protegido y esos “nunca van a tener la AAU, porque la Junta nunca va a permitir que se almacene gas en Doñana”. De ahí que “estemos pidiendo encarecidamente al Gobierno, desde todos los estamentos sociales y políticos que se vuelva a realizar otra DIA que abarque los cuatro proyectos en conjunto, para valorar de verdad el impacto general en el territorio”.

“Es el Gobierno central quien ha permitido que se trocee –ha sentenciado Pepe Fernández- y quien declaró este proyecto privado como de Utilidad Pública, un detalle de mucha importancia y que no se debe olvidar cuando se habla de este asunto”. La Junta “se opone con todas las armas a su alcance y ha negado la AAU en los subproyectos que se adentran en el Parque. Además ha presentado un requerimiento al Gobierno para que repita la evaluación ambiental, lo haga de manera conjunta y tenga en cuenta los informes del CSIC y del IGME que alertan de peligros graves de llevarse a cabo el proyecto tal cual está planteado”, ha remarcado el secretario de Organización de la Ejecutiva Provincial.

 

 

 

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