Maíllo exige una partida en los PGE para garantizar la viabilidad de las pensiones

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El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado este lunes de “auténtico fraude” los fondos privados de pensiones y ha asegurado que la defensa de las pensiones públicas y su viabilidad deben asentarse en la asignación de una partida presupuestaria en los PGE destinada a las mismas, “no sólo abordada por las cotizaciones a la seguridad social sino con el compromiso político y la garantía de un aumento digno, no indecente como el 0,25% actual”.

Maíllo, que ha asistido en la mañana de hoy a la concentración convocada por la Plataforma onubense en Defensa de las Pensiones Públicas, ha asegurado que IU colaborará “constantemente para crear espacios de unión para combatir la hoja de ruta definida por el gobierno del PP para privatizar las pensiones”.

El coordinador general de IU Andalucía ha apelado a la “movilización masiva” no sólo de personas actualmente jubiladas y pensionistas sino de todos los que actualmente trabajan y los y las jóvenes. En este sentido Maíllo ha declarado que “no es un problema de los pensionistas actuales que reivindican la mejora de las mismas, sino un batalla de todos para su mantenimiento y sostenibilidad” y ha anunciado que IU, tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados, establecerá una “primera línea de combate en defensa de las pensiones públicas”.

ERES

A preguntas de los periodistas sobre la declaración del ex presidente Manuel Chaves en el procedimiento específico por el que se concedían ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha insistido en la diferenciación que IU siempre ha marcado entre “la valoración política del caso Ere independientemente del procedimiento judicial”.

Para el coordinador general de IU Andalucía, independientemente del proceso judicial, “está claro el ambiente de absoluta impunidad en el que se cometieron las arbitrariedades y  auténticas tropelías”. Según Maíllo, políticamente no se absuelve a quien utilizó millones de euros para “pagar una paz social abandonando la planificación de reindustriualización que tanto necesita y merece Andalucía y la resignación de no crear tejido económico”.

 

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