La Junta destina 1,2 millones al Programa de Tratamiento a Familias en Huelva

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La Junta, a través de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, garantiza un año más la prestación en la provincia del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Riesgo o Desprotección (PTF), tras renovar hoy los convenios de colaboración con la Diputación y los ayuntamientos onubenses de más de 20.000 habitantes -Huelva, Lepe, Isla Cristina, Almonte, Ayamonte, Moguer y Aljaraque- que hacen posible su funcionamiento. Un total de 410 familias y 819 menores a su cargo accedieron en 2017 al programa.

La prórroga de los convenios, cuya firma ha estado presidida por el delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, en compañía del delegado territorial del ramo, Rafael López, va acompañada de una inversión por parte de la administración autonómica dirigida a las entidades locales que asciende a un total de 1.214.741 euros (alrededor del 70% de su coste total).

Romero ha resaltado “la apuesta de la Junta por reforzar todas aquellas medidas que están en marcha para apoyar a las familias que más lo necesitan y proteger a la población infantil, con especial hincapié en los colectivos afectados por la crisis y los que están en riesgo de exclusión, a los que el Gobierno andaluz está dirigiendo sus esfuerzos a través del incremento de las partidas presupuestarias y de las actuaciones en este ámbito”.

El PTF es un programa fundamentalmente preventivo que tiene una doble finalidad: por un lado, potenciar que las familias participantes proporcionen a los menores un ambiente familiar adecuado que garantice su normal crecimiento, suprimiendo aquellos factores que pueden ser causa de desprotección y desemboquen en la adopción de medidas de protección que conlleven la separación del niño de su entorno, tras decretarse una situación de desamparo. Y, por otro lado, promover, cuando sea posible, la reunificación familiar de menores sobre los que se ha adoptado con anterioridad una medida de protección, a través de la corrección de las disfunciones en la dinámica familiar que la motivaron. Así, se divide en dos subprogramas: de riesgo o desprotección y de reunificación familiar.

Las intervenciones van dirigidas de forma concreta a ofrecer a las familias con menores en riesgo un tratamiento específico e integrador que permita la adquisición de pautas rehabilitadoras que compensen la situación de desprotección que pueda afectar directa o indirectamente al bienestar de esos niños y niñas. La finalidad de esta iniciativa es, en definitiva, preservar los derechos de los menores y promover su desarrollo integral en su medio familiar, normalizando su situación.

Equipos de tratamiento familiar (ETF)

La aportación económica de la Junta va específicamente destinada a financiar el mantenimiento de los 13 equipos de tratamiento familiar (ETF) existentes en la provincia onubense, que son los encargados de aplicar el programa y realizar las intervenciones con la población diana, en coordinación con el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, que actúa como referente técnico del programa en la provincia. Estos equipos, dependientes de las entidades locales, están integrados por un total de 41 profesionales, entre los que se encuentran psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociofamiliares.

Los ETF atienden principalmente a familias con carencias y dificultades en la cobertura de las necesidades básicas, cuya detección han efectuado previamente los servicios sociales comunitarios. Asimismo, trabajan ante la aparición de indicadores de riesgo que requieren tratamientos específicos.

La labor preventiva de los equipos de tratamiento, realizada con criterios de atención individualizada y proximidad, ha permitido en los últimos años un descenso del 11% en el número total de tutelas de menores decretadas por la Junta.

Financiación garantizada

El Gobierno andaluz ha promovido un nuevo decreto que regula y da rango normativo al programa, reforzando así un modelo de atención ya consolidado tras una trayectoria de 17 años. Entre las novedades del decreto se encuentra la incorporación de un nuevo sistema de financiación para hacerlo más estable -se sustituye el mecanismo de subvenciones por otro de transferencias- y garantizar el respeto a la autonomía local.

Además del modelo de financiación, el decreto introduce también como particularidad que los ETF aborden de forma específica la problemática de la violencia familiar en los casos en los que hayan intervenido, así como colaboren con los centros de atención a inmigrantes cuando haya menores en situación de riesgo o desprotección familiar, por medio de protocolos de cooperación.

Perfil de los usuarios

Las familias destinatarias del programa presentan por lo general alguna de las siguientes características: tienen menores a su cargo que se encuentran en situación de riesgo social; son monoparentales con hijos menores de 18 años en situación de dificultad social; en su seno se han detectado situaciones de violencia que afectan directa o indirectamente a los menores a su cargo, y tienen hijos sobre los que se ha adoptado una medida de protección previamente y existen posibilidades de retorno.

Con relación al perfil de los menores atendidos, en el apartado de riesgo presentan una edad media de 12 años, mientras que en reunificación familiar el más característico coincide con la franja de 4 a 6 años. El número de niños por cada familia o unidad de convivencia atendida es aproximadamente de dos.

Las familias y menores usuarios del programa vienen derivados tanto de los servicios sociales comunitarios como del Servicio de Protección de Menores de la Junta.

Según la última memoria de actividad del programa, entre los indicadores más positivos registrados sobresale el incremento en el número de casos cerrados en ambos subprogramas en los que la intervención concluyó con los objetivos alcanzados (7 de cada 10). En concreto, en el 71,62% de las atenciones completadas quedó preservada la integridad de los menores o se produjo el retorno a sus familias de origen.

Asimismo, la derivación de casos al Servicio de Protección de Menores para la posible adopción de una medida protectora alcanzó el menor porcentaje de los últimos años.

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