Ecologistas pide al TSJA paralizar las balsas de lodos de Atalaya en Riotinto

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El pasado 18 de junio se presentaron las conclusiones de Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la resolución que firmó el 25 de enero de 2015 la Directora General de Minas de la Junta de Andalucía -entonces María José Asencio Coto- autorizando el reinicio de la actividad minera del Proyecto Riotinto a la empresa EMED TARTESSUS que poco después se convirtió en ATALAYA MINING, la misma compañía que ahora pretende reabrir, sin garantías ambientales, la mina de Cobre San Rafael en los municipios gallegos de Touro y O Pino.

Para reiniciar la actividad minera en Riotinto era necesario poner de nuevo en operación la inmensa balsa de lodos que ocupa 530 hectáreas y contenía 340 millones de toneladas de residuos tóxicos acumulados desde su paralización en 2001. Está formada por tres secciones dispuestas en cascada, denominadas Gossan (ya colmatada), Cobre (iniciada en 1970 y recrecida en 1979) y Aguzadera (iniciada en 1987 y recrecida en 1995).

El reinicio autorizado implica nuevos recrecidos de las balsas de Cobre y Aguzadera durante cinco años, para poder albergar otros 166  millones de m3 de nuevos lodos. Esto supone 10 veces más cantidad de lodos de los que albergaba la balsa de lodos de BOLIDEN que reventó en Aznalcóllar el 25 de abril de 1998.

Por eso, Ecologistas en Acción recurrió la autorización ambiental de 2014 del Proyecto Riotinto y la de reinicio de 2015, porque ambas ponen en grave riesgo la seguridad de las balsas, y porque  vulneran la legislación europea en materia de Evaluación Ambiental Estratégica. Ahora el TSJA tendrá que decidir sobre la nulidad de ambas autorizaciones.

La situación de riesgo de rotura en las balsas de Riotinto ha llegado actualmente a tal punto de inseguridad que desde Ecologistas en Acción hemos solicitado al TSJA, en base al principio de precaución, la paralización cautelar de los vertidos de lodos en esas balsas, para evitar precisamente que se pueda producir esa rotura antes de que el Tribunal dicte sus sentencias.   Puede verse el vídeo con la situación de las balsas en el pasado mes de abril en https://www. ecologistasenaccion.org/?p= 90695

La situación actual es similar a la que finalmente condujo a la catástrofe anunciada de 1998. En junio de 1995, la Junta de Andalucía autorizó el recrecido de la balsa de BOLIDEN desoyendo las denuncias de la Coordinadora Ecologista Pacifista de Andalucía (CEPA) –fundadora de Ecologistas en Acción- que alertó de manera reiterada y fundada técnicamente sobre el peligro que suponía ese recrecido. Entonces, y a pesar de esas advertencias, nunca autoridad administrativa ni judicial tomó las decisiones adecuadas que hubieran podido evitar la rotura anunciada.

En el caso actual de Riotinto, para garantizar supuestamente la seguridad de los recrecidos autorizados, las autorizaciones ambiental y de reinicio imponen que, antes de verter los lodos a las balsas, la empresa tiene la obligación de espesar los lodos hasta conseguir un contenido en sólidos superior al 50%. Expresamente se indica en la resolución de reinicio de enero de 2015 que esta es una de las “condiciones especiales cuyo incumplimiento puede dar lugar a la revocación”.

Para conseguir ese imprescindible nivel de contenido en sólidos, la empresa incluyó en los proyectos presentados y autorizados por la Junta de Andalucía una Planta de Espesado de Estériles, que sin embargo nunca se ha construido. Así ha quedado acreditado mediante un informe de 15 de mayo de 2018 que la autoridad minera de Huelva remitió al TSJA, que reitera otro informe anterior de 13 de octubre de 2016, y que incluye las mediciones realizadas desde marzo de 2016 que indican que la cantidad de sólidos en los lodos es menor del 35%.

Es decir, la autoridad minera conoce perfectamente desde hace dos años que ATALAYA MINING incumple las condiciones especiales impuestas y sin embargo lo sigue permitiendo, a costa del riesgo de rotura de las balsas de lodos que se está generando. De hecho, la propia Directora General de Minas, María José Asencio Coto, en mayo de 2016 resolvió permitir el vertido de lodos sin espesar, con contenido sólido por debajo del 35%, en contra de su propia autorización de enero de 2015, conociendo además que según un Estudio de Rotura de las balsas realizado por la empresa AYESA las consecuencias catastróficas pueden afectar a zonas pobladas de Gibraleón y Huelva, que podrían ser inundadas por una onda de vertido tóxico de hasta 5 metros, no descartándose la pérdida de vidas humanas.

Según ese Estudio de Rotura, se podrían derramar 66,28 millones de m3 de lodos tóxicos (en Aznalcóllar se derramaron 6 millones). Los lodos caerían desde alturas de entre 46 y 64 m (según el punto de rotura), al arroyo Rejoncillo y/o al barranco de la Aguzadera, y en poco más de 30 minutos llegarían el río Odiel, llegando al mar y pudiendo afectar a las costas de Doñana.

 

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